Apuesta por más interconexión

Guatemala enfrenta desafíos en infraestructura vial situándose en el puesto 112 de 141 en índice de competitividad. En desempeño logístico ocupa el 125 de 160. Con una inversión pública promedio de solo 0.6 % del PIB desde 2015 a 2021, son necesarios cambios drásticos e inmediatos para mejorar transporte y desarrollo.

En perspectiva. Hasta ahora, la inversión pública ha sido insuficiente y el crecimiento de la red vial no cubre las exigencias del país. Por eso surge la necesidad de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con el objetivo de mejorar el manejo y desarrollo de proyectos.

• Según Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, la transformación en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones demuestra que los cambios en la gestión mejoran la cobertura y calidad del servicio. Esto indica que una estrategia similar podría revolucionar el sector vial afectado por la falta de inversión y mala gestión.

• El diputado Julio Héctor Estrada insiste en la falta de atención adecuada a la infraestructura vial desde el periodo democrático. Señala que los proyectos han sido esporádicos y sin la continuidad necesaria para ser robustos y eficientes. Esto ha provocado una urgente necesidad de supervisión y planificación más efectiva.

• Estrada resalta la creación de la Superintendencia Vial en 2017-2018 como un intento inicial de reforma. A pesar de sus limitaciones, sentó las bases para la ley actual que pretende superar estas deficiencias con un modelo de pagos por disponibilidad, ajustado a las condiciones financieras y políticas.

Qué destacar. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria busca mejorar la red vial y catalizar el desarrollo económico. Torrebiarte argumenta que al mejorarla se pueden reducir significativamente los costos de transporte y logística. Esto es esencial para atraer inversiones extranjeras y mejorar la competitividad.

• Con mejores carreteras, el tiempo y el costo de mover productos disminuirían. Guatemala se convertiría en eje del comercio centroamericano.

• Estrada apunta que la legislación también aspira a establecer una estructura más transparente y eficiente para la planificación y ejecución de proyectos viales. Esto es fundamental para generar la confianza de los inversionistas internacionales.

• Con su implementación se mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos facilitando el acceso a mercados, servicios y empleo. Este factor, a largo plazo, contribuiría a un ciclo virtuoso de crecimiento económico y mejora social reduciendo la desigualdad y fomentando una distribución más equitativa de los recursos.

Sí, pero. A pesar de los beneficios potenciales, su aplicación enfrenta algunos desafíos que podrían mermar el éxito de esta legislación.

• Estrada advierte que, especialmente, una (dis)continuidad de las políticas entre diferentes administraciones gubernamentales, desestabilizaría los esfuerzos de reforma.

• Torrebiarte recalca la importancia de vencer la resistencia de algunos sectores afectados por la redistribución de recursos o cambios en proyectos. Es crucial el apoyo del sector privado para complementar la labor gubernamental y garantizar la sostenibilidad de los mismos.

• Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar los cambios propuestos. Se asegura así la construcción de infraestructura y su mantenimiento y gestión a largo plazo.

En conclusión. Es vital identificar los desafíos de la implementación de la Ley y las estrategias para superarlos. Se requieren transparencia y ética en su aplicación. El éxito dependerá de la habilidad del gobierno y los actores económicos para gestionar eficazmente y sin corrupción.

• Estrada enumero otros retos políticos como la aprobación continua del Congreso y la alineación entre los distintos niveles de gobierno.

• La norma requiere un compromiso político sólido y de largo plazo que pueda resistir cambios en las administraciones para evitar interrupciones y garantizar la continuidad de los proyectos.

• La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es un paso adelante hacia una Guatemala más conectada y competitiva. Su aplicación práctica y adaptabilidad a coyunturas diversas probarán su efectividad.

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El mercado transaccional de Latinoamérica registró en 2024 un total de 2904 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas. El importe agregado asciende a USD 87 679M, lo que supone un aumento del 16 % en capital movilizado, pero un descenso del 16 % en el número de transacciones, en comparación interanual.

Los datos anteriores corresponden al más reciente informe de TTR Data. Brasil lideró el ranking de países más activos en la región, con un total de 1674 transacciones. Aunque esto equivale a un 21 % menos de operaciones, el capital movilizado creció un 10 % (USD 47 911M).

Pedro Gonçalves Da Costa, experto en el mercado de fusiones y adquisiciones, explica que si bien el país sudamericano tiene sus características de mercado, su comportamiento no es ajeno al del área.

“La región ha sido impactada por el mantenimiento de políticas globales de aumento de tasas de interés. Aunque en algunos momentos hemos experimentado escenarios locales positivos, todavía existen desafíos latentes en relación con el inversor extranjero y su temor a mercados emergentes”, menciona.

Chile se ubica en segundo lugar con 367 transacciones (disminución del 10 %) y un descenso del 9 % en su importe (USD 13 272M). Le sigue México con 359 operaciones (un 7 % menos), pero un aumento del 22 % de su importe, hasta USD 17 060M, con respecto a cifras registradas en 2023.

Por su parte, Colombia aportó 367 transacciones con un incremento del 35 % en el capital movilizado, hasta USD 6738M. El caso de Argentina es peculiar porque descendió en el ranking con 238 operaciones registrando un alza del 7 % y un 246 % en activos fijos (USD 8833M).

Finalmente, Perú, con 176 transacciones que representan un aumento del 17 %. Sin embargo, presenta un 44 % menos en su importe, llegando solo a USD 4071M.

Otros datos que destaca el informe es que se contabilizó un total de 204 tratos de private equity. En cuanto al segmento de venture capital se realizaron 617, de los cuales 501 tienen un importe no confidencial agregado de USD 5336M.

Las compañías que realizaron más transacciones estratégicas proceden de Norteamérica (442), Europa (353) y Asia (91).

Gonçalves Da Costa destaca que en los próximos meses las operaciones ligadas a la tecnología, como Data Centers serán el principal foco de los inversores. “La transición energética también sigue siendo un tema relevante, que atrae inversiones internacionales”, agrega.

El experto asegura que Brasil, México y Chile permanecerán en el liderazgo de la inversión en 2024.

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Guatemala debe promover, en el foro del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), órgano que da dirección a la política arancelaria centroamericana, establecer un arancel del 100 % a la importación de vehículos eléctricos chinos.

Hay varias razones para ello.

Primero, es un mensaje claro de alineación con la administración Trump. La pérdida para el consumidor nacional supera, con creces, mostrar la disposición a comportarnos como un bloque regional comercial. Y, dada la lección que Trump le dio a Petro, es más útil salir adelante con un mensaje claro desde el principio.

Segundo, dado que mantenemos una política de cercanía a Taiwán, el costo económico de sufrir aranceles de represalia por parte de China es bajo. Guatemala exportó a China, de enero de 2024 a noviembre de 2024, solo USD 40 M (0.3 % de nuestras exportaciones totales), mientras que importamos de China USD 4304 M (14.4 % de nuestras importaciones totales). Frente a este desbalance comercial tan pronunciado, no queda duda de que es preferible promover un bloque comercial más fuerte con EE. UU., a quien le exportamos un 32 % del total.

Tercero, no hay armadoras chinas en México. Si Guatemala tiene futuro en el desarrollo de autopartes es porque tiene complementariedad con la industria automotriz norteamericana. Eso quiere decir que la decisión del arancel no afectaría la posibilidad de atraer inversión extranjera directa de autopartes.

Cuarto, el comercio internacional ya no funciona bajo los supuestos del Consenso de Washington ni lo que inspiró la Ronda Kennedy. Cada vez más, estamos ante un mundo de bloques regionales y de políticas económicas mercantilistas, en donde el que reacciona de último es el tonto que más comercio pierde.

El entendido a señas.

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México y la Unión Europea concluyeron las negociaciones del Acuerdo Global modernizado. El compromiso se alcanzó entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard y el comisario de Comercio y Seguridad Económica europeo, Maroš Šefčovič. Lo más significativo: las gestiones – estancadas durante años – finalizaron 3 días antes de la llegada del nuevo inquilino a la Casa Blanca. El “efecto Trump” ha sido evidente para desencayar el proceso.

Por qué importa. El comercio de mercancías bidireccional alcanzó los EUR 82 000M en 2023. Y el de servicios, EUR 22 000M en 2022. Esto convierte a México en el segundo socio comercial de la UE en Latinoamérica. Desde 2008, es uno de los diez socios estratégicos de la Unión. La UE es el tercer socio comercial de México tras EE. UU. y China.

• Las principales exportaciones de México a la UE son maquinaria y aparatos, material de transporte, productos minerales, instrumentos ópticos/fotográficos y productos de la industria química o afines.

• Las exportaciones más importantes de la UE a México incluyen maquinaria y aparatos, equipos de transporte, productos químicos y metales básicos.

• El tratado permitirá aumentar las exportaciones europeas de servicios en ámbitos clave: financieros, transporte, comercio electrónico y telecomunicaciones.

Qué destacar. Capítulo relevante es el de los productos agroalimentarios europeos a los que el nuevo tratado brinda potencial de crecimiento. México es un importador neto de estos artículos.

• Eliminará aranceles sobre productos de exportación importantes (queso, vino, aves de corral, porcino, manzanas, mermeladas, chocolate…).

• Protegerá así productos emblemáticos y tradicionales europeos (indicaciones geográficas), para abarcar hasta 568 productos.

• Se agilizarán y abaratarán estas exportaciones.

Cómo funciona. El TLC entre México y la UE (TLCUEM) modernizado posibilitará una profundización del diálogo político, cooperación y relaciones económicas. Incluirá normas para hacer frente a la corrupción en los sectores público y privado.

• Se ambiciona promover y proteger los derechos humanos, multilateralismo, paz y seguridad. Incluye cuestiones migratorias y refuerza la lucha contra el crimen transnacional organizado y el narcotráfico.

• En el aspecto geopolítico facilita una cooperación para reducir riesgos, garantizar cadenas de suministro de materias primas fundamentales y luchar contra el cambio climático.

• La idea es impulsar la competitividad empresarial. Además, se dará a las empresas acceso a los contratos públicos en igualdad de condiciones con las empresas locales.

Ahora qué. El próximo paso, tanto en México como la UE será el de sus respectivos procedimientos de ratificación del TLCUEM modernizado.

• Los vínculos comerciales y de cooperación se venían rigiendo por el Acuerdo Global en vigor desde 2000. En mayo de 2016 iniciaron las negociaciones para actualizarlo. El Acuerdo Global modernizado fijará el futuro marco de las relaciones.

• Se garantiza un trato justo y equitativo para los inversionistas. Asimismo, transparencia respecto al marco jurídico para las inversiones.

• La modernización del Tratado constituye una fuerte señal ante las políticas proteccionistas y demuestran el valor de los acuerdos multilaterales basados en normas comunes.

Balance. La relación con la UE ofrece a México una vía para reducir su dependencia económica de EE. UU., abriendo oportunidades en mercados europeos y fortaleciendo su presencia global. Especialmente en sectores estratégicos como infraestructura y salud.

• La política de Trump amenaza con imponer aranceles. Al menos, ha servido en este caso para que mexicanos y europeos superen trabas negociadoras. Apuestan por la cooperación para buscar beneficio y prosperidad mutuos.

• Algunos aspectos como promoción y protección del multilateralismo (mayor compromiso con Naciones Unidas, OMC y G-20) marcan diferencias con la nueva administración en Washington.

• El objetivo no es la confrontación con EE. UU., socio indispensable. La meta es otra: un comercio abierto y diversificado.

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