Click contra la informalidad

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La digitalización del dinero aumenta de manera sólida en Centroamérica. Pero, si bien más del 50 % de las transacciones se realizan ya a través de pagos sin contacto, se encuentra rezagada respecto al resto de Latinoamérica.

Con todo, el istmo es visto como un mercado con alto potencial en los pagos automatizados. Estos permiten a más personas acceder a servicios financieros, reduciendo la informalidad y promoviendo la trazabilidad del dinero. Dos factores impulsan esta tendencia. Uno, la población es joven y usa telefonía celular con capacidad para movimientos financieros. El otro, el comercio electrónico que expande las operaciones de este tipo sin efectivo.

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En Guatemala y Centroamérica los pagos digitales avanzan como estrategia para reducir la informalidad y ampliar el acceso financiero. Transforman el consumo y competencia en los mercados.

Por qué importa. La inclusión financiera ya es una herramienta de competencia en la región. Lindsay Lehr, directora de PCMI, expone que el 60 % del gasto en Latinoamérica es electrónico.

• En Centroamérica, por el contrario, apenas llega al 52 %, lo que refleja un rezago con respecto al resto del continente.

• Este menor nivel de digitalización no solo limita el acceso a servicios financieros, también ralentiza la expansión de los negocios, especialmente pequeños.

• La falta de infraestructura, interoperabilidad y regulaciones flexibles impide que los pagos digitales escalen con la rapidez necesaria en mercados como Guatemala y Honduras.

En el radar.  El ecosistema en Centroamérica debe crecer y sofisticarse, con soluciones que atiendan al consumidor y al pequeño comercio, eliminando barreras e impulsando incentivos reales.

• “No es solo pasar del efectivo al plástico, sino agregar valor” dice Lehr. Asimismo, destaca tres pilares: pagos estatales electrónicos, más aceptación de tarjetas y fintech más fuertes.

• Muchos pequeños comercios quieren pagos virtuales, pero no reciben ofertas viables. Sin acceso a POS o plataformas interoperables, quedan fuera del sistema.

• Aunque el 75 % de la población usa servicios financieros, solo el 25 % de comercios acepta tarjetas, frenando la cadena de valor.

Datos clave. Las cifras muestran el avance y la desigualdad en el uso de esta herramienta. Comprender los porcentajes actuales ayuda a definir prioridades y ajustar políticas.

• En Centroamérica, los pagos instantáneos solo representan un 15 % del total. Costa Rica lidera; por su parte, Guatemala aún está en fase de infraestructura.

• En Latinoamérica, el 58 % usa cuentas fintech, superando al 42 % bancarizado y consolidando su papel en la inclusión financiera.

• Más de 3M de comercios en el istmo son informales. Pero incluso 1M de formales no están aún plenamente atendidos por el ecosistema digital.

Lo indispensable. Guatemala empieza a destacar en la región con soluciones como Cuik, que promueven interoperabilidad real. El avance no es la tecnología, sino su aplicación a lo local.

• Este sistema, impulsado por Neonet, permite pagos instantáneos bancarios y con tarjeta en una misma red, sin sesgo entre métodos.

• El modelo, según Lehr, es único en la región por su neutralidad y libertad de elección para el usuario.

• Sin embargo, aún falta integrar estas soluciones en apps bancarias, mejorar la experiencia de usuario y fomentar la seguridad entre los actores del sistema.

El otro lado. La informalidad no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para innovar. Las fintech deben aprovecharla para ampliar mercados y generar confianza.

• Lehr subraya que más del 70 % de los ingresos en Centroamérica proviene de actividades informales, una realidad estructural que no se resolverá solo con regulación.

• La propuesta: que las fintech asuman el reto con soluciones como onboarding digital, calculadoras fiscales y herramientas para simplificar tributos.

• “Necesitamos redefinir lo que significa formalidad”, detalla Lehr. No como un castigo, sino como una vía hacia crecimiento, estabilidad y bienestar.

En conclusión. El desafío ya no es solo escalar tecnología, sino rediseñar las reglas. Guatemala y la región enfrentan una disyuntiva: resolver sus cuellos de botella o quedar atrás en inclusión y competitividad. La sostenibilidad del ecosistema exige regulación moderna, alianzas público-privadas y una nueva visión de la formalidad. Bancos, fintech, gobiernos y comercios deben unirse.

La IA prende el switch de la inversión y la innovación para centros de datos que, estimuladas por esta novedad redefinirán el futuro tecnológico de la región. Con esto se acelera, asimismo, la demanda de infraestructura, en concreto en lugares estratégicos como Guatemala. Con todo, los retos energéticos, regulatorios y de capacitación que enfrenta el área para capitalizar este fenómeno global, no pasan desapercibidos.

El desarrollo de centros de datos en Latinoamérica es relativamente reciente, explica Efren Vargas, Technical System Engineer para Centroamérica y el Caribe en Panduit. Hasta hace pocos años, la región estaba rezagada respecto a mercados como EE. UU. o Europa. Mas la llegada de grandes inversiones de empresas globales —los llamados hiperescaladores— a países como México, Chile y Brasil, marcó el inicio de una implantación tecnológica.

Este fenómeno coincidió con la irrupción de la IA, que ahora demanda infraestructuras aun más robustas y cercanas a los grandes centros de población.

Guatemala, por ejemplo, se perfila como un punto estratégico por ser el país centroamericano más poblado. “La IA está acelerando la necesidad de construir centros de datos más grandes y eficientes, no solo para almacenamiento y procesamiento, sino para soportar nuevas aplicaciones y servicios digitales”, explica Vargas.

Uno de los principales desafíos es el consumo energético. Se estima que para 2030, los centros de datos dedicados a IA absorberán el 10 % de toda la energía utilizada por estos complejos a nivel global. Esto obliga a buscar fuentes renovables, como la energía solar, eólica e hidroeléctrica, para evitar sobrecargar las redes nacionales y reducir el impacto ambiental. Vargas destaca la importancia de la eficiencia, medida por la Eficacia del Uso de Energía (PUE, por sus siglas en inglés), que hoy exige valores de 1.5 o menos, frente a los 2 o 3 de hace pocos años.

La regulación y los trámites también son un reto. Vargas señala que la velocidad de los avances tecnológicos supera la capacidad de los gobiernos para adaptar normativas y simplificar procesos. “La región necesita agilizar permisos, mejorar la formación técnica y garantizar la capacidad eléctrica para aprovechar plenamente este boom tecnológico”, afirma.

La IA puede generar inversión, empleo y desarrollo económico. El desafío está en transformar la infraestructura y el talento humano para que Latinoamérica no solo sea consumidora, sino protagonista de la nueva economía digital. Una oportunidad histórica. 

El sistema regulado de márgenes para combustibles en República Dominicana amenaza con asfixiar al sector formal. A pesar de alertas técnicas, los márgenes siguen congelados al tiempo que los costos operativos escalan. ¿El riesgo? Un colapso progresivo en la red que abastece al país.

Por qué importa. La sostenibilidad del sector está comprometida por un modelo que no se ha actualizado en más de una década, pese a los cambios drásticos en costos. Esto compromete la seguridad, la inversión y la cobertura nacional.

• El margen actual por galón, fijado por el Estado, no cubre los gastos operativos básicos de las estaciones de servicio. Se requieren entre DOP 35 y 37 por galón para mantener la operación mínima.

• Mientras el Gobierno mantiene subsidios a sindicatos del transporte, las gasolineras formales deben competir con precios artificialmente bajos, provocando distorsiones de mercado.

• La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) y otros gremios insisten en una revisión técnica. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) posee un informe que valida este reclamo, pero no ha actuado en consecuencia.

Lo indispensable. El margen de comercialización no solo es un número: define la viabilidad del sistema. La falta de ajustes técnicos y la presión de costos empujan al sector al límite operativo, con consecuencias que afectan a todo el país.

• Desde 2016, los márgenes del sector han aumentado entre un 30 y un 65 %, mientras el margen regulado permanece estático. Esto ha reducido la rentabilidad a niveles insostenibles.

• Channoil Consulting, firma británica especializada, recomendó un incremento de DOP 8 por galón para evitar un colapso operativo. El MICM tiene este diagnóstico desde hace meses.

• Más de 45 000 empleos directos dependen de esta red. Si el sector formal colapsa, se verá afectado desde el transporte público hasta el sistema de emergencias y la cadena logística nacional.

Punto de fricción. El entorno regulatorio no solo está desactualizado, sino que presenta normas contradictorias y cargas adicionales que castigan la formalidad. La desigualdad de trato y la ambigüedad legal ocasionan incertidumbre y desalientan la inversión.

• El Decreto 307-22 impone un límite de 30 años a los camiones cisterna, sin considerar el estado técnico de los vehículos. Esto amenaza con sacar de operación flotas en buen estado y disminuir utilidades.

• Municipios buscan imponer nuevas tarifas de inspección, mientras que los costos por ventas electrónicas han crecido 75 %, reduciendo los márgenes entre un 20 y un 25.

• Algunas estaciones venden por debajo del precio oficial hasta DOP 17 por galón. Este tipo de competencia desleal ocurre ante la vista de las autoridades, debilitando aún más al sector formal.

Ahora qué. El país enfrenta una decisión de alcance estructural: preservar una red operativa eficiente o permitir su deterioro progresivo. Ignorar los ajustes necesarios implicará una crisis silenciosa con impactos visibles a corto plazo.

• Si no se revisan los márgenes, muchas estaciones reducirán horarios o cerrarán operaciones, especialmente en zonas rurales y fronterizas.

• La inversión privada para expandir, modernizar o sostener la infraestructura energética quedará en pausa, afectando la competitividad nacional.

• La experiencia de países como Argentina, Guatemala y Haití demuestra que congelar márgenes lleva al caos y desarma redes de suministro.