Cuando el motor suena, etanol lleva

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En Guatemala, la producción de etanol se basa en la melaza, un derivado de la industria azucarera. El país cuenta con cinco destilerías que suman una capacidad de unos 269M de litros anuales (equivalente a 71M de galones). Analizamos la cuestión del etanol vs. los combustibles fósiles desde diferentes puntos de vista: política energética, marco normativo, reducción de emisiones, adaptación, autonomía…

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A partir de enero de 2026, la gasolina en Guatemala deberá contener al menos 10 % de etanol. El Gobierno lo presenta como avance energético. Sin embargo, técnicos, empresarios y consumidores advierten sobre riesgos económicos, ambientales y de libertad de elección.

Por qué importa. Según expertos, esta obligación afecta aspectos tan diversos como movilidad, salud, economía y sostenibilidad. Requiere ajustes técnicos, inversión e intervención en el parque vehicular. La falta de diálogo y transparencia ha encendido las alertas.

• La medida busca reducir emisiones de carbono al reemplazar aditivos fósiles como el MTBE por etanol.

• En la región, países como México y Panamá han detenido programas similares por falta de preparación.

• Para los opositores, la iniciativa representa una política pública impuesta sin estudios técnicos ni participación ciudadana suficiente.

En el radar. Defensores de la medida ven en el etanol una solución ambiental viable. Luis Fernando Villegas, experto en biocombustibles, afirma que una mezcla del 10 % no causa daños técnicos si se respetan normas básicas de almacenamiento.

• El uso de etanol permite sustituir el aditivo MTBE, que contamina acuíferos y está prohibido en varios países.

• Villegas aduce que una de las intenciones es mitigar el cambio climático y reducir enfermedades respiratorias vinculadas al uso de combustibles fósiles.

• Asegura que países con condiciones técnicas similares a Guatemala han logrado implementar este tipo de mezcla sin mayores conflictos.

Entre líneas. Guatemala tiene más de 5M de vehículos. De ellos, 2.8M son motos. Cerca del 50 % de los autos son anteriores a 2007, cuando algunos modelos empezaron a utilizar etanol. Según Pepo Toledo, experto en tecnología automotriz, la mayoría de motos no soporta combustibles oxigenados.

• No obstante, Villegas subraya que los estudios demuestran que los riesgos técnicos “son mínimos si se cumple con almacenamiento y manejo adecuados”. 

• Gonzalo Monroy, consultor del sector energético, previene que los consumidores terminarán pagando de su bolsillo y su salud.

• Algunos estudios internacionales muestran que el etanol reduce la eficiencia energética del combustible entre un 5 y 6 %.

Punto de fricción. El principal desacuerdo es cómo se quiere imponer la norma: sin transición técnica ni compensación para consumidores o gasolineras. Ramón Parrellada, director del Centro de Estudios Económico-Sociales, crítica que una política energética se convierta en un privilegio económico para pocos.

• Los críticos alertan sobre un modelo cerrado que restringe la competencia y favorece a productores locales de etanol.

• La ley exige que el 60 % sea de origen nacional y limita su importación directa. Se argumenta que esto podría aumentar los costos.

• No se han planteado subsidios, créditos fiscales o planes para renovar el parque vehicular.

El otro lado. En lo ambiental, se duda de su sostenibilidad. La FAO alerta sobre su huella por cambio de suelo. Monroy advierte que produce ozono y agrava la crisis. Villegas cree que estos efectos pueden mitigarse con la debida cautela.

• Chile y México han evitado el uso obligatorio por sus efectos ambientales colaterales.

• Los catalizadores vehiculares actuales ya reducen hasta el 99 % las emisiones sin necesidad de etanol, según los escépticos.

• Para Villegas, es un error desechar alternativas por problemas que pueden resolverse con tecnología y regulación.

Lo que sigue. El decreto continúa vigente, pero aumentan las voces que piden derogarlo o revisarlo. Toledo propone que los productores inviertan en refinación para obtener derivados como el aditivo ETBE. El debate entre defensores de una transición energética ordenada y quienes exigen libertad de mercado se prolonga.

• Villegas insiste en que “la clave es implementar con responsabilidad técnica y voluntad política”, no frenar el cambio.

• Existen vías legales para impugnar, en su caso, el reglamento.

• Los ministerios respectivos aún no han convocado mesas técnicas de diálogo con todos los sectores.

El giro comercial impulsado por la nueva administración en EE. UU. está reconfigurando cadenas de suministro globales. Guatemala percibe oportunidades concretas para atraer inversiones, diversificar exportaciones y fortalecer sectores estratégicos. Requisito: actuar con velocidad e inteligencia institucional.

Por qué importa. El retorno de Trump y sus políticas arancelarias han provocado un sacudón global. Guatemala podría beneficiarse si sabe posicionarse frente a empresas que buscan relocalizar su producción más cerca de EE. UU., predominantemente desde Asia y Europa.

• Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, identifica sectores con alto potencial como autopartes, empaques, energías renovables y servicios BPO. La prioridad es atraer inversiones que generen empleo de calidad.

• La IED emerge como oportunidad de oro. Firmas que antes producían en Asia ahora desean establecerse cerca del mercado estadounidense para reducir incertidumbre, costos y exposición a nuevas tarifas.

• Wendy Mena, gerente de Estrategia de Invest Guatemala, recalca que las áreas donde EE. UU. tiene mayor déficit —vehículos, farmacéuticos, juguetes y textiles— están siendo reconfigurados y ofrecen una “ventana estratégica” para el país.

Lo indispensable. Guatemala no parte de cero. Sectores como vestuario y textil, agroindustria o dispositivos médicos ya están insertos en cadenas regionales. Pero capitalizar nuevas oportunidades requiere mejoras puntuales y urgencia táctica.

• Sánchez destaca que no se trata de abandonar sectores tradicionales, sino de “seguir haciendo bien lo que hacemos bien” y expandirse hacia nuevos nichos como textiles hechos para juguetería o autopartes.

• Casos como el de Yazaki han despertado el interés de proveedores satélites, que ven en Guatemala un nodo viable. “Se preguntan: ¿qué vio Yazaki que yo no vi?”, comenta.

• La agroindustria también resurge. Con azúcar de alta calidad, Guatemala podría insertarse en la cadena de confitería, especialmente de países como Colombia. La industria alimentaria busca eficiencia y cercanía.

Punto de fricción. A pesar de sus ventajas, el país enfrenta reiterados obstáculos: infraestructura deficiente, escasa energía y un clima regulatorio que aún no convence del todo a los inversionistas globales.

• “Nos falta avanzar mucho en infraestructura. No es queja, es una urgencia”, advierte Sánchez. El país necesita modernizar su logística si quiere competir con vecinos como México o República Dominicana.

• El suministro energético preocupa. Para abastecer una producción en expansión, Guatemala debe ampliar su capacidad y apostar más fuerte por fuentes renovables competitivas.

• Aunque hay estabilidad macroeconómica, la incertidumbre laboral —como aumentos abruptos al salario mínimo— preocupa a inversionistas.

Lo que sigue. El momento es crítico. Es preciso actuar con agilidad para no perder su oportunidad en la reconfiguración del comercio global. Las decisiones en los próximos meses marcarán la década.

• Sánchez remarca que las oportunidades tienen “fecha de vencimiento” y que Guatemala ha de avanzar más rápido.

• Estados como Taiwán e Israel figuran, asimismo, como aliados estratégicos. Son necesarias acciones más agresivas. El país debe ser proactivo y confiable ante socios globales.

• La agencia de atracción de inversiones del Gobierno en Taiwán promueve la “Ruta Del Chip”. Estas reuniones tienen como objetivo atraer inversión, transferencia tecnológica y cooperación en el desarrollo de la industria de semiconductores.

En conclusión. Se requiere diálogo público-privado para consolidar una política de inversión coherente. Incentivos bien diseñados pueden marcar la diferencia sin sacrificar la sostenibilidad fiscal.