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Dinero sucio en medio del tráfico


Buenos días y buen fin de semana.
Hoy le escribo en modo sábado: sin prisa, con ganas de acompañarlo un rato —aunque sea desde su bandeja de entrada—. Y por eso el asunto del boletín suena distinto: “Dinero sucio en medio del tráfico”.
Pocas veces mezclo dos temas en un mismo asunto, porque puede no ser tan claro a primera vista. Pero esta vez lo hice a propósito: si lee el primer análisis y la entrevista, va a entender rápido por qué están en la misma frase.
Le doy el contexto mínimo. La Superintendencia de Bancos (SIB) publicó información al cierre de 2025. Casi siempre nos quedamos en el volumen de transacciones sospechosas —que rozó los GTQ 16 000 millones—, pero hay otra cifra que merece una lectura más cuidadosa. Sobre ese dato y lo que sugiere, lo analizamos con María José Aresti.
Y en el otro frente, Ximena Fernández conversó con una de las voces más frescas en movilidad. Lo interesante no es solo el diagnóstico: es cómo se vive en lo cotidiano. La distancia no cambia; lo que cambia es el tiempo que la ciudad le cobra por recorrerla, ya sea en carro o en transporte público.
Sí: son lecturas sobre “dinero sucio en medio del tráfico”. Ojalá sea desde la comodidad de su casa y con una taza de café en la mano.
Abrazo a la distancia. Gracias, de verdad, por leernos.

María José Aresti y Braulio Palacios
Q3856 millones: señal de un lavado de dinero más sofisticado
633 palabras | 3 minutos de lectura

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) identificó GTQ 3856M vinculados a tipologías de lavado asociadas a “organizaciones multicriminales”. Más que el monto, el foco es la estructura sofisticada: redes que lavan para distintos delitos y operan con efectivo y transferencias internacionales. El contexto suma presión reputacional por la evaluación GAFI/GAFILAT prevista para 2027.
Por qué importa. La SIB plantea un cambio de fenómeno: redes que no solo lavan, sino que prestan capacidades a distintos delitos. Saulo de León, superintendente de Bancos de Guatemala, declaró que “por primera vez, la IVE ha identificado organizaciones multicriminales que pretenderían lavar delitos originados de narcotráfico, corrupción y delitos tributarios.”
El dato ancla son GTQ 3856 millones identificados por la IVE. La lectura es que el sistema ya no enfrenta una tipología aislada, sino redes que combinan delitos y “tercerizan” el lavado.
Para bancos y cooperativas, el reto es de señal y no de volumen. La dispersión de depósitos y el fraccionamiento internacional diluyen alertas típicas por monto, plazos o perfil bancario, y obligan a detectar patrones de red.
A nivel país, el riesgo es reputacional. Más alertas fortalecen supervisión, pero también obligan a demostrar resultados en investigación, sanción y decomiso para sostener confianza internacional.
Cómo funciona. La SIB describe una arquitectura con analítica de redes y logística territorial. De León explicó que ya hacen “análisis tridimensional” —forma, tiempo y lugar— donde transacciones, personas, cuentas bancarias y países remotos se conectan con una misma organización.
La entrada de “dinero sucio” combina transferencias internacionales con efectivo. El superintendente destacó un punto: “Están apareciendo nuevamente los giros bancarios”. Un instrumento que había perdido uso.
El efectivo sigue siendo el mecanismo de evasión más utilizado. Los depósitos se inclinan por grandes montos y una “capacidad logística” para ejecutarlos en múltiples regiones, agencias y agentes bancarios, lo que complica la detección con monitoreo lineal.
El cierre del ciclo incluye adquisición de inmuebles y vehículos de alto valor. También se describen rutas donde fondos se mezclan con recursos locales y luego viajan al exterior, incluidos destinos en Asia y Oriente.
Visto y no visto. La SIB enumera delitos que comparten entresijos financieros, según reportes de transacciones sospechosas y patrones repetidos. El foco se desplaza a testaferros, sociedades de papel y economías criminales que se mimetizan.
Primero aparecen los testaferros que se traducen en sociedades anónimas y firmantes de fachada. A esto se añade un giro: ya no son solo guatemaltecos. También aparecen “testaferros extranjeros” con negocios pantalla.
En segundo lugar, se mencionan fondos en efectivo vinculados al cobro de cheques asociados a adjudicaciones públicas. Usan sociedades de papel con domicilios ficticios. La lógica es convertir esos flujos en movimientos bancarios y luego integrarlos en activos.
La estafa y la extorsión no quedan atrás. La SIB habla de 120 000 operaciones y más de 20 000 cuentas víctimas de estafa y de los extorsionistas que se ayudan de servicios de taxi, panaderías o purificadoras para “mimetizar” ingresos ilícitos.
Lo que sigue. El cierre del mensaje de la SIB es reputacional y de cumplimiento internacional. El GAFI define los estándares globales antilavado, y GAFILAT evalúa a países de Latinoamérica bajo esos estándares.
Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, fue explícito en el calendario: “La evaluación ya empezó” y la visita formal arrancará en febrero de 2027. Esta revisa el marco legal y la efectividad de su aplicación.
El riesgo de un mal resultado es la lista gris de GAFI. En términos de negocio, eso suele traducirse en más debida diligencia, más fricción con corresponsales y mayores costos de transacción para operaciones legítimas, especialmente las internacionales.
La pieza clave legislativa que la SIB empuja es la iniciativa 6593, presentada como actualización integral del marco antilavado y financiamiento del terrorismo. La entidad la promueve como parte de la preparación para llegar con brechas cerradas antes de 2027.
María José Aresti
Centroamérica rompe el estancamiento exportador
Centroamérica fue la subregión que más aceleró en 2025 su desempeño exportador dentro de Latinoamérica y el Caribe: creció un 11.5 %, tras el estancamiento de 2024 (0.7 %). El repunte no fue parejo en el tiempo. La mejora venía desde inicios de 2024 —salió de una fase contractiva—, pero la tendencia positiva se frenó en julio de 2025, con pérdida de vigor en la segunda mitad del año.
Aun así, el balance anual cerró fuerte, empujado principalmente por mayores volúmenes, no por precio.
Todos los destinos aportaron a la mejora, con peso relevante de EE. UU., Asia y la Unión Europea (UE). A nivel país, hay historias distintas detrás del promedio. Panamá explica el outlier (44.9 %) por un factor puntual: la autorización para despachar cobre almacenado de una mina cerrada, con ventas sobre todo hacia Japón y República de Corea.
Nicaragua aceleró con una mezcla de oro, vestuario y agro, con fuerte aporte de EE. UU. y Canadá. Costa Rica creció impulsada por regímenes especiales y dispositivos médicos, mientras que Honduras rebotó con contribución clave de la UE.
Guatemala mejoró por expansión a todos los destinos, con aporte importante al resto de países centroamericanos, la UE y EE. UU. El Salvador revirtió 2024 con volúmenes y una canasta donde aparecen plásticos y café.


Con una circulación de más de 800 000 vehículos al día en la Ciudad de Guatemala, la congestión que aqueja a los ciudadanos día con día es solo un síntoma de una falta de planificación que proviene de hace 50 años.
La enfermedad del tráfico se debe a una urbanización acelerada y desordenada sin estrategia nacional de ordenamiento y con pocos municipios que tienen plan territorial. Así lo explica Luis Diego Dávila, investigador del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo (UNIS).
El desorden deriva en un país que depende de un núcleo reducido: cerca del 80 % de los servicios públicos se concentra en un área de unos 30 km². Con una ciudad extendida y de baja densidad, la presión seguirá creciendo si no se coordina inversión, uso del suelo y movilidad entre municipios, Gobierno central e iniciativa privada.
¿Cuáles son actualmente los principales patrones de desplazamiento en el área metropolitana?
—Los patrones actuales de desplazamiento responden a una problemática de urbanización del área metropolitana y para analizar esto tendríamos que retroceder 50 años.
El problema está en que esa urbanización se está haciendo de manera desordenada. En Guatemala, como país, los municipios que tienen plan de ordenamiento territorial son alrededor de nueve. Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es como decir: vamos a hacer una estrategia de crecimiento ordenado.
A pesar de que mucha gente vive en las afueras de la ciudad, hay mucha gente que viene porque en Ciudad de Guatemala se concentran todos los servicios públicos. En torno al 80 % se concentra en un área concreta de 30 km². Estamos dependiendo de un núcleo muy concreto.
¿Cuáles son las proyecciones que se tienen para los próximos años si no se arregla esta falta de orden en la urbanización?
—No me gustaría ser pesimista, pero a partir de la falta de una estrategia de planificación nacional integrando a los diversos actores, tanto gobiernos locales, gobierno central e iniciativa privada, es muy probable que la situación empeore.
Esto lo experimentamos cada año. Tardamos más tiempo en llegar a nuestro destino. Es porque hay un desequilibrio: hay mayor demanda, pero no crecemos a ese ritmo. Y eso se debe a una falta de planificación.
¿Usted observa una voluntad política por parte del gobierno central para comenzar a ejecutar lo que hace falta y organizar la ciudad?
—El plan de desarrollo K’atun 2032 no contempla la planificación territorial en plan nacional. Sí contempla que los municipios deben tener un POT. Pero no hay una estrategia.
Vamos por mal camino. No lo quiero decir de esa manera, pero es problemático. El tema de movilidad es complejo porque no hay una planificación. Por tanto, hay que ir creando presión para que se haga una estrategia de planificación territorial, pensando a largo plazo.
¿Cuál es ese indicador que más le preocupa porque podría anticipar una crisis urbana mucho más fuerte a la que vivimos hoy?
—La densidad es un indicador que nos está advirtiendo que hay una huella urbana muy amplia que nos va a costar mantener los servicios operando. Por tanto, lo ideal sería que la densidad fuera más alta, mayor concentración.
En temas de movilidad, otro indicador es la inversión pública en infraestructura. No solo en mantenimiento, sino nueva: infraestructura vial, concretamente. Y lo curioso es que, dentro de la inversión pública, el gobierno tiene indicadores de rendimiento del presupuesto. Ellos lo miden por ejecución y no por el impacto de la infraestructura.
Si pudiera describir la movilidad de la Ciudad de Guatemala en una frase basada en datos, ¿cómo la definiría?
—Compleja. Resolver la movilidad del área metropolitana es muy complejo porque intervienen muchos actores que no quieren asumir. Punto final.
Lea la entrevista completa aquí.
