El futuro viaja en autopista

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La infraestructura en Guatemala es el cimiento de la productividad, el nearshoring y el empleo formal. Cada carretera, puerto o red energética bien diseñada multiplica oportunidades  y conecta el país con los mercados globales.

Alcanzar esa calidad requiere Alianzas Público-Privadas (APP), un modelo probado para reducir riesgos, garantizar estándares internacionales y atraer capital privado donde el Estado no llega.

Se necesita crear incentivos claros, reglas transparentes y un marco regulatorio robusto. Y más allá de esto: ventanillas únicas, fiscalización independiente y ámbitos contractuales blindados contra la incertidumbre política.

Las APP no son un fin en sí mismo. Son una herramienta para construir futuro.

En esta ocasión les recomendamos el análisis Proselitismo encubierto: alcaldes en campaña anticipada, publicado originalmente en el boletín de República Política.

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Modernizar carreteras, puertos y transporte con capital privado y marcos claros no es ideología: es competitividad. Las experiencias VAS, Xochi, Aerómetro y Escuintla–Puerto Quetzal muestran que APP y proyectos 100 % privados aceleran obras, bajan costos, aseguran mantenimiento y atraen IED, con métricas de servicio y gobernanza exigentes. 

Por qué importa. La infraestructura condiciona productividad, nearshoring y empleo formal. En Guatemala, cuellos de botella viales y portuarios encarecen la movilidad. Claridad en los objetivos permite pasar de promesas a ejecución medible. Se alinean así incentivos público-privados para reducir riesgo y garantizar calidad.

• “La infraestructura bien hecha multiplica oportunidades”, señala Juan Francisco Fernández, directivo de la VAS.

• La IED al alza exige certeza jurídica: contratos bancables, indicadores de disponibilidad, calidad y seguridad vial auditable.

• El mantenimiento multi-anual financiado por tarifas o disponibilidad frena el deterioro crónico y estabiliza el costo total del ciclo de vida. 

Lo indispensable. Los modelos funcionan cuando el Estado fija metas y lo privado asume diseño, construcción, financiamiento y operación y mantenimiento con métricas. La transmisión eficiente de riesgos reduce sobrecostos y acelera plazos.

• El atractivo de las APP está en alinear incentivos. “El contrato debe ser bancable”, detalla Sandro Testelli, director de Convia.

• El privado solo cobra si cumple niveles de servicio medibles, transfiere riesgos constructivos y de demanda, y garantiza mayor mantenimiento con penalidades y bonos por desempeño.

• En proyectos 100 % privados, la obra ofrece una alternativa efectiva con cobro directo. Asimismo, una adquisición de tierra por cuenta del desarrollador y gobernanza corporativa enfocada en servicio, produce seguridad vial y fluidez en peajes.

Qué destacar. Los resultados se notan en tiempos de viaje más cortos, mayor capacidad y mejores estándares de seguridad, empleo y reforestación. La digitalización portuaria y la movilidad multimodal cierran el círculo. La publicación de KPIs comprueba el valor por dinero y sostiene la confianza del inversionista.

• En la VAS el pago automático tarda menos de cinco segundos y opera con más de 30 cámaras. Genera miles de empleos y facilita la reforestación. Ello se traduce en usuarios que recuperan tiempo y menor carga en vías paralelas.

• El Aerómetro recorrería 8.9 km con 12 estaciones moviendo hasta 5500 pasajeros por hora y sentido. Se integraría al Transmetro siendo totalmente eléctrico y reduciendo los tiempos de viaje en tres cuartas partes.

• “El objetivo es mover más gente, más rápido y limpio”, explica Roberto Rodríguez Méndez de Corporación Victoria.

Punto de fricción. La congestión portuaria y vial exige inversiones complementarias: dragado, accesos y circuitos logísticos coordinados. El problema es la incertidumbre normativa y tramitología que encarece capital y frena equipos y tecnología.

• En Puerto Barrios se tiene un plan para duplicar capacidad a más de 1M de TEU, priorización de operador económico autorizado, más grúas pórtico de barco a tierra, digitalización y prepuerto para fluidez.

• “Un dragado profundo es inaplazable”, enfatiza Andrés Vargas, director de logística en Latinoamérica de Chiquita.

• El proyecto de la Autopista Escuintla–Puerto Quetzal avanza con drenajes mayores, nuevos distribuidores y estaciones de peso y dimensiones.

Lo que sigue. El siguiente paso exige convertir reformas en reglamentos operativos y ventanillas únicas que acorten tiempos. La autonomía municipal ya permite concesiones urbanas. La Ley de Infraestructura Vial y la modernización de APP ha de plasmarse en trámites previsibles, seguridad jurídica y estándares nacionales de desempeño.

• “Sin derecho de vía, no hay proyecto”, apunta Carlos Colom, director de infraestructura y energía en Grupo IDC.

• Las prioridades inmediatas incluyen permisos con plazos definidos, interoperabilidad entre catastro y registro. Además, KPIs de tiempo de viaje, disponibilidad, seguridad y satisfacción del usuario, auditados por terceros y publicados en línea de manera trimestral.

• Un portafolio coordinado focaliza carreteras de alto impacto, accesos portuarios y sistemas masivos eléctricos. La mezcla de capital público, banca local y mercado de valores acelera cierres y ancla mantenimiento.

Guatemala abre un nuevo capítulo en su historia financiera con el inicio de operaciones del Banco Cuscatlán. Con operaciones exitosas en El Salvador y Honduras, el grupo busca posicionarse en un mercado que demanda innovación, cercanía y confianza en sus instituciones bancarias.

Qué destacar. La adquisición de Banco Inmobiliario abre paso a una transformación inmediata, con infraestructura de 48 agencias y 31 agentes bancarios, respaldada por la red 5B de más de 2700 cajeros automáticos en todo el país. 

• La apuesta incluye fortalecer banca de personas y PYME, segmentos clave para el dinamismo económico nacional, con servicios digitales que reduzcan costos y promuevan inclusión financiera sin depender de la burocracia estatal.
  
  

• Federico Nasser, presidente de Inversiones Cuscatlán, enfatizó que creen “en Guatemala y en Centroamérica”. Resaltan un modelo centrado en innovación, sostenibilidad y crecimiento de largo plazo, con foco en el cliente como motor de desarrollo económico.

Lo que sigue. Este nuevo capítulo representa una oportunidad para ampliar la inclusión financiera y acompañar a más guatemaltecos.

• Si desea conocer más, lo invitamos a leer aquí. 

En EE. UU. algunos estados combinan gasto social per cápita elevado y una competitividad fiscal débil. A ello se une un mercado laboral menos dinámico que polos pro-empresa. Esa mezcla desplaza costos al trabajador formal, reduce el premio de trabajar más horas y enfría decisiones de inversión. En especial, en sectores intensivos en nómina y con márgenes ajustados.

Por qué importa. Una arquitectura asistencial que crece sin empleabilidad transfiere la cuenta a nóminas y contribuyentes, deteriora señales de inversión y posterga decisiones de expansión.

• En Massachusetts, Public Welfare es el mayor rubro per cápita del gasto estatal. Incluye, principalmente, Medicaid y asistencia relacionada. “Ese entorno desincentiva proyectos de largo aliento”, señala el economista Ethan Miller.

• El Estado ocupa el puesto 41 en el State Business Tax Climate Index 2025 de Tax Foundation. Señal de una menor competitividad.

• El desempleo se mantuvo en 4.8 % en agosto, por encima del año previo y de varios competidores.

Cómo funciona. Los welfare cliffs (desventajas de asistencia social) recortan beneficios abruptamente cuando suben horas o ingresos, achicando el incentivo para progresar en el trabajo. Sin rampas de salida y capacitación, se reduce la participación y se aplanan salarios de entrada.

• “Sin puentes al empleo, la ayuda se vuelve trampa”, advierte la analista financiera Olivia Carter. El diseño de transferencias puede distorsionar la oferta laboral si no se calibra con empleo y productividad.

• En Massachusetts, el peso de Public Welfare refuerza la sensibilidad del mercado laboral a reglas de elegibilidad y retiro de beneficios.

• La combinación de alta carga social y señales fiscales débiles incrementa el costo marginal de contratación en sectores de baja productividad inicial.

Lo indispensable. La localización de capital responde a reglas tributarias, costos parafiscales y tracción del empleo.

• “Más complejidad tributaria y parafiscal implica menos contratación marginal”, agrega Miller.

• Así, el UI Trust Fund exige aportes relevantes: este año los empleadores llevan USD 1280M pagados a agosto. El saldo del fondo es USD 2160M.

• La COVID-19 Recovery Assessment y la trayectoria post-pandemia elevaron los costos, aunque con tasas 28.3 % (2025) menores que en 2024 por amortización de bonos.

Entre líneas. La administración Trump buscó vincular asistencia con trabajo. Aprobó 13 exenciones estatales con requisitos laborales en Medicaid y endureció en 2019 las reglas de SNAP para adultos sin dependientes.

• “Alinear apoyo y empleo mejora incentivos si se implementa bien”, sostiene Miller.

• En varios estados, las propuestas incorporaron exenciones por cuidado de dependientes, estudio y capacitación registrada. Además de periodos de gracia, para evitar welfare cliffs y transiciones punitivas.

• La política ideal no serían subsidios permanentes desligados de productividad. Más bien, lo que hace falta es asistencia temporal con transición al empleo.

Lo que sigue. La ruta pro-empresa pide pasar de subsidios inerciales a trabajo productivo, con reglas previsibles y formación alineada a la demanda. “Capacitar paga; subsidiar indefinidamente, no”, resume Carter.

• Se debe rediseñar beneficios con transiciones graduales que garanticen que cada hora adicional deje mayor ingreso neto y que los apoyos se reduzcan de forma previsible.

• Asimismo, reducir costos laborales no salariales mediante una trayectoria estable del seguro de desempleo, límites plurianuales al aporte y deducciones aceleradas para capacitación y primer empleo formal.

• Por último, es necesario escalar programas de aprendizaje en salud, manufactura avanzada y tecnología con cupos empresariales. También convienen metas de inserción a seis y 12 meses y compras públicas que valoren certificaciones de productividad. 

*Enviada especial en EE. UU.