CAF y BID en manos del Congreso

Guatemala, economía más grande de Centroamérica, enfrenta el gran desafío de rescatar su infraestructura tras años de inversión pública pobre y deficiente. Ampliar su cartera de servicios públicos básicos también es una prioridad. Corrupción, limitaciones presupuestarias y falta de experiencia en la ejecución de proyectos a gran escala, hacen que una organización como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), sea un socio tentador.

En perspectiva. Fundada en 1970, la CAF inició operaciones como la Corporación Andina de Fomento. Desde entonces, ha ampliado su alcance al resto de Latinoamérica con los objetivos estratégicos de integrar la región e impulsar su desarrollo sostenible. Actualmente, el banco cuenta con una cartera consolidada de USD 34 196M.

• Guatemala fue invitada a unirse en 2007, cosa que nunca sucedió. Este año, ha renovado sus esfuerzos para asegurar su membresía.

• En las últimas semanas, representantes del banco se han reunido con líderes empresariales y funcionarios. Según informes de los asistentes, la CAF ha identificado el desarrollo de infraestructura vial, tratamiento de aguas y sistemas de transporte público como principales oportunidades de inversión.

• El banco planea redactar una propuesta para convertir al país en miembro en los próximos meses, de acuerdo con su evaluación.

Datos. La CAF es un socio bien establecido para los vecinos centroamericanos y caribeños. Costa Rica, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Honduras son miembros. A cambio de comprar acciones de la CAF, han obtenido términos crediticios favorables y la asistencia técnica que la institución ofrece.

• Desde 2018, ha invertido USD 751M en Panamá y El Salvador. De este total, el 58 % se ha destinado a proyectos de infraestructura física y digital. El 30 % ha sido asignado a iniciativas de tratamiento de agua.

• El Salvador se unió en diciembre de 2021, asegurando un préstamo de USD 320M para el emblemático proyecto aeroportuario del presidente Nayib Bukele.  Otros 145 fueron para un cable submarino destinado a mejorar la debilitada infraestructura digital.

• Honduras, el miembro más reciente, ha aprovechado su membresía con presteza. En julio, Tegucigalpa aseguró USD 80M y apenas un mes después, se acordó otro paquete de 350M, con la mayor parte de los fondos destinados a carreteras.

Entre líneas. La adhesión de Guatemala podría resultar más compleja de lo que parece, ya que requiere la aprobación del Congreso. Dada la coyuntura actual, es improbable que los diputados estén dispuestos a gastar su valioso capital político en este asunto.

• La CAF no es una entidad sin fines de lucro. Los Estados miembros deben aportar capital. La cantidad invertida determina si obtienen acciones de Clase A, B o C.

• Se ofrecen planes de capitalización de hasta 10 años. No obstante, las acciones de Clase A requieren que los miembros prospectivos inviertan alrededor de USD 500M y las de Clase B, un desembolso cercano a los 250.

• Esta suma no sería problemática para Guatemala, con una relación entre deuda y PIB del 29.3 %, la más baja de Latinoamérica. Dicho esto, un número considerable de congresistas se opone a acumular más y aumentar el gasto público. Esto, incidentalmente, forma parte de los planes de la CAF.

El balance. La entidad ofrece generosas condiciones de financiamiento junto con la asistencia técnica requerida. Para planes nacionales, ofrece préstamos por un valor de hasta cuatro veces las participaciones de capital de un miembro.

• En proyectos a nivel regional, el apalancamiento puede alcanzar hasta ocho veces las participaciones del miembro.

• Las finanzas públicas de Guatemala son lo suficientemente estables como para que el Estado pueda hacer inversiones financiadas con deuda. En especial, si los fondos se destinan a infraestructura, y no a asignaciones presupuestarias ordinarias, como salarios del sector público.

• El camino por delante no es del todo claro. Los obstáculos políticos para la membresía son sustanciales. Con todo, la enorme necesidad de renovar y desarrollar la infraestructura podría convertirse en una oportunidad para la misma.

BID Invest lanzó ‘enlaces’, una red de diálogo regional de iniciativas que promueven las finanzas sostenibles en LAC. Procura crear un espacio de colaboración entre los actores financieros que permita compartir experiencias y mejores prácticas.

Asimismo, facilitar el acceso a conocimiento y capacitación, promover acciones que incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las entidades financieras. La red ‘enlaces’ busca potenciar la movilización de financiamiento de impacto y posicionar a la región en el contexto mundial de esas finanzas.

Se anunció durante el II Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible los pasados 26 y 27 de agosto en Buenos Aires. Se compone de diversas iniciativas, incluyendo mesas de trabajo privadas y público-privadas, protocolos verdes y de finanzas sostenibles, laboratorios de innovación y comités de sostenibilidad.

A la fecha se han adherido 10 iniciativas que representan alrededor de 200 entidades financieras de distintos países:

• Guatemala: Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles

• El Salvador: Protocola de Sostenibilidad (ABANSA)

• Honduras: Programa Banca Sostenible (AHIBA)

• Panamá: Protocolo Finanzas Sostenibles (ABP)

• República Dominicana: Protocolo Verde (ABA)

• México: Protocolo Sustentabilidad (ABM)

• Ecuador: Protocolo Finanzas Sostenibles (ASOBANCA)

• Colombia: Protocolo Verde y Protocolo Social (Asobancaria)

• Paraguay: Mesa Finanzas Sostenibles

• Argentina: Protocolo Finanzas Sostenibles

La red enfocará sus esfuerzos en cuatro ejes estratégicos definidos: i) análisis de riesgos ambientales y sociales, ii) agenda verde y climática, iii) agenda social, y iv) gobierno corporativo.

El papel de BID Invest será de fundador y asesor estratégico, por lo que brindará apoyo durante las etapas de constitución y consolidación.

“Con el lanzamiento de ‘enlaces’, la región avanza hacia un futuro en donde estas finanzas sean una realidad. Con todo, contribuyen a un desarrollo económico, sostenible y responsable”, explica la entidad.

Además, se posiciona como un actor relevante en la agenda de financiamiento sostenible mundial.

Las finanzas verdes representan una oportunidad para la transición de la zona hacia una economía inclusiva y baja en carbono. Al mismo tiempo, se abordan los riesgos climáticos físicos.

En este contexto, los bancos de desarrollo y comerciales se han volcado en la financiación de proyectos sostenibles con una carpeta de productos financieros vinculados a objetivo de respeto medioambiental.

Según un estudio de la red, LAC destaca por una oferta amplia de productos con impacto ambiental. El 73 % de los bancos que formaron parte del análisis declararon tener al menos un producto sostenible, y un 56 % de impacto social.

“Se considera que existe un potencial positivo y una tendencia hacia una mayor adopción de prácticas financieras sostenibles en el área. Ello impulsa el desarrollo continuo y la consolidación de un sector bancario más comprometido con estos principios”, concluye el escrito.

Desde que su familia se mudó a Chile, Sebastián Kreis aprendió el arte de encontrar oportunidades y soluciones en los problemas. Emprender no es algo ajeno a su vida. En 2019 fundó Xepelin, una fintech que aspira a ser el CFO (Chief Financial Officer) digital de las empresas latinoamericanas.

Tienen una cartera de 40 000 clientes entre México y Chile. La misión es otorgar servicios financieros a través de una plataforma digital. En los últimos tres años han financiado PYMES con USD 3 000M.

República Empresa conversó con el cofundador de Xepelin para conocer el éxito de la firma y cómo visualiza su futuro…

¿Cómo surge Xepelin?

— La compañía parte conmigo hace más de 10 años. Anteriormente, tenía otra, la vendí y salí de ella. Me fui al Bay Area (2014) por dos razones: quería entender Silicon Valley; cómo usaban la información para tomar decisiones y cómo funcionaba la IA.

Quedé impresionado con esta última y cómo iba a revolucionar el mundo. Sabía que desde el día uno Xepelin tenía que hacer uso de ella. Entendíamos cómo hacerlo y me motivó estar en esa área porque había muchos negocios innovando.

Los problemas por resolver en Latinoamérica eran muchos; uno de ellos el acceso a servicios financieros y herramientas simples para acompañarlo. El problema me obsesionó y quería cambiar las reglas del juego.

¿Y el nombre?

— Me preparé toda mi carrera y parte importante de mi vida para construir esta compañía. Quería que se multiplicara, llegar a muchos lugares y cambiar la realidad del mundo financiero, por eso la X.

Estábamos en un asado buscando nombres que partieran con esa letra y escuchábamos canciones de Led Zeppelin. Ese fue el clic. Ellos tienen un bagaje de música que junta muchos estilos en uno solo. En nuestro caso era el mundo fintech con lo tecnológico y financiero. Llegamos a la conclusión que era un buen nombre.

¿Por qué crees que Latinoamérica es un lugar ideal para hacer crecer los negocios de manera acelerada?

— La región tiene dos aspectos importantes. Lo primero es ser una economía que, en conjunto, es más grande que muchas de otros países. Y lo segundo es que hay muy buenos emprendedores que se avientan a hacer negocios. Creemos que no es solo un lugar para desarrollar compañías de crecimiento acelerado, hay mucha necesidad.

Con frecuencia, para generar un negocio de este tipo hay que construir de raíz, porque no existe toda la infraestructura para hacerlo crecer. La decisión tiene que ser all-in, no solamente construir una funcionalidad, sino algo que resuelva todo el problema.

Teniendo en cuenta los diversos contextos de cada ciudad, ¿se puede hacer una startup a nivel regional?

— Hay que ir one step at a time. Ser una compañía regional puede ser parte de la visión, pero lo más relevante es acertar en orden cada paso. No significa querer ser una compañía regional de buenas a primeras.

Aunque no sea el primer paso, pueden tener ambición de construir un negocio regional. Para ello, es importante tener el conocimiento local de dónde se inicia y sobre el siguiente país al que buscan expandirse, para consolidar el negocio en cada uno.

Dan servicios financieros a más de 40 000 PYMES, ¿cómo ves el futuro?

— Nuestro foco es llegar a 1M de compañías. Sumando Chile y México hay más de 8M, existe una oportunidad. También es interesante que las que ya son parte de nuestro portafolio, compran y venden a otros 2M. Esto nos ayuda a saber quiénes son con exactitud y seguir con la estrategia de expansión. 

Para ver el vídeo y leer la entrevista completa visite este enlace.

La promesa de una mejor iluminación con un acceso a electricidad confiable sigue siendo un sueño distante para muchos en Guatemala. El Programa para la Infraestructura de Electrificación Rural (PIER), bajo la Iniciativa de Ley #6173 financiado por el BID y el Fondo Coreano de Inversión busca transformar esta realidad.

En perspectiva. Uno de cada 10 hogares carece de conexión eléctrica. Esta situación se agrava en las zonas rurales donde la pobreza y el aislamiento limitan el acceso a servicios esenciales.

• Los departamentos más urbanizados como Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla tienen coberturas superiores al 96 %. Sin embargo, jurisdicciones como Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango se encuentran entre 48 y 81 %.

• Pese a esfuerzos por extender la cobertura en los últimos años, Guatemala se ubica como el tercer país con menor grado de electrificación en la región.

• Este déficit perpetúa la pobreza y obstaculiza el desarrollo socioeconómico dejando a muchas comunidades sin las herramientas necesarias para prosperar.

Datos.  El PIER se financia con un préstamo total de USD 120M dividido a partes iguales entre el BID y el Fondo Coreano de Inversión.

• El programa recibe una donación complementaria de USD 500 000; están destinados al apoyo de implementación y supervisión de las actividades.

• El BID ofrece una tasa de interés basada en la LIBOR, que se convertirá en dólares estadounidenses con la SOFR al firmar el contrato. Por su parte, el Fondo Coreano mantiene una tasa fija del 2.5 %.

• Además, las comisiones de compromiso son del 0.5 % sobre los saldos desembolsados por el BID y del 0.1 % por el Fondo Coreano.

Por qué importa. El programa tiene como meta conectar 40 000 nuevas familias a la red; establece así un vínculo que trasciende la simple iluminación. Implica también acceso a educación digital, mejora de las condiciones de salud y oportunidades económicas que podrían transformar el tejido social.

• Fomenta el desarrollo de microempresas y mejora la productividad agraria.  Facilita la implementación de tecnologías modernas para la irrigación y el procesamiento de productos agrícolas.

• Por otra parte, brinda nuevas oportunidades de empleo en sectores como el turismo rural y los servicios. Estos podrán prosperar al contar con recursos energéticos estables y confiables.

• A largo plazo, el acceso a la electricidad puede atraer inversiones a regiones antes consideradas menos atractivas por falta de infraestructura básica.

Visto y no visto. Según la OMS, la contaminación del aire en interiores, causada principalmente por combustibles como la leña es responsable de unos 4M de muertes anuales.

• En Guatemala, esta problemática se traduce en unas 5 100 defunciones al año.  

• El proyecto apunta a una reducción en las emisiones de CO2 con una disminución estimada de 80 000 toneladas anuales. Contribuye así a los esfuerzos contra el cambio climático y mejora la calidad del aire en comunidades que dependen de ese tipo de energía.

• Cabe destacar que el acceso a servicios de electricidad confiables está relacionado con varios ODS. Entre ellos: reducción de pobreza, mejora de salud y educación, así como aumento de igualdad.

En el radar.  Aprobado por el Directorio del BID el 9 de diciembre de 2020, con una extensión de 30 meses, el PIER se encuentra varado en el Congreso esperando su Tercera Lectura.

• Su estancamiento retrasa los beneficios inmediatos y plantea riesgos financieros y de desarrollo.

• Sin la luz verde legislativa, los fondos comprometidos pueden estar en peligro de ser cancelados.

• La decisión del Congreso tiene el potencial de iluminar hogares y encender un motor de crecimiento y equidad. Pero su inacción detendría el progreso perpetuando las disparidades en el acceso a servicios básicos.

Balance. La aprobación no es solo una cuestión de infraestructura; es un imperativo económico y social. Una oportunidad tangible para mitigar la desigualdad energética en las áreas rurales, mejorando las condiciones de vida y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. El Congreso tiene la llave y la responsabilidad de desbloquear estos beneficios aprobando la ley.