Marzo florido, seas bienvenido

Un ecosistema de incentivos y crecimiento sostenido de parques industriales convierte a Guatemala en un destino atractivo para la inversión extranjera. Con todo, la certeza jurídica, infraestructura y eficiencia en procesos juegan un papel. Sin estas condiciones, los beneficios fiscales pueden convertirse en un anzuelo sin captura.

Cómo funciona. La exoneración de impuestos es un factor clave en la decisión de empresas extranjeras para instalarse en zonas francas. Por lo tanto, es crucial que esta oferta se mantenga competitiva en comparación con otros países de la región.

• Actualmente, las firmas pueden importar maquinaria, equipos y materias primas sin pagar IVA ni derechos arancelarios mientras exporten los productos finales. A su vez, están exentas de pagar ISR durante los primeros 10 años de operación.

• Con todo, existe cierto recelo a estos incentivos fiscales. Marco Livio Diaz, superintendente de la SAT, explica que el país no está perdiendo recursos de impuestos, ya que los productos se reexportan. “No es un consumo que nos corresponde”.

• El beneficio del ISR busca que, tras 10 años, las compañías se integren al ecosistema económico y tributario. Según expertos, estos estímulos han aumentado el interés por invertir.

En el radar. Guatemala tiene una estrategia sólida de incentivos fiscales, pero debe reforzar su propuesta de valor. Recientemente, se anunció la inversión de USD 42.5M para el Corredor de Soluciones Logísticas que busca fortalecer la infraestructura industrial.

• La ubicación geográfica permite consolidarse como un centro logístico para la región. Este proyecto busca resolver cuellos de botella en la infraestructura actual y proponer una solución integral de expansión para las empresas.

• La SAT ha identificado que los parques industriales generan un efecto positivo en la recaudación a través del consumo de los trabajadores y ventas internas. Esto compensa parte del “sacrificio fiscal”.

• Expertos señalan que, sin ellos, las empresas optarían por relocalizarse en otros países. Esto ocasionaría pérdida de empleos e ingresos. Sin embargo, es clave equilibrarlos con la recaudación tributaria.

Sí, pero. Más allá de los incentivos fiscales, las empresas buscan otros elementos insoslayables para invertir en un país. Factores como infraestructura y eficiencia en procesos administrativos tienen un peso considerable en la toma de decisiones de inversión.

• La falta de infraestructura moderna es una de las principales limitantes. Carreteras en mal estado y deficiencias en puertos y aeropuertos afectan la competitividad.

• Compañías extranjeras ya perciben estos problemas. Algunas han manifestado preocupación por bloqueos en carreteras y retrasos en el transporte de mercancías.

• Procesos administrativos lentos y burocráticos también desincentivan la inversión. La falta de digitalización y la ineficiencia en la emisión de permisos afectan la agilidad para establecer operaciones.

Ecos regionales. La competencia con otros países obliga a evaluar si se ofrecen suficientes estímulos frente a rivales como Costa Rica y República Dominicana. El impacto en la economía, empleo e inversión es significativo.

• Las ventajas de Costa Rica son por ocho años, renovables dependiendo de la reinversión. En 2023, las zonas francas generaron USD 12 276M (14 % del PIB). Por cada dólar exonerado, el país recibe un retorno de USD 2.8. El beneficio neto es de USD 1.8.

• República Dominicana es más agresiva en su política fiscal. Ofrece incentivos de 15 años, renovables hasta 50, si las empresas cumplen con ciertos requisitos de empleo e inversión de capital.

• El modelo dominicano ha sido exitoso, con un 60 % de su PIB generado en estas zonas. Su flexibilidad y largo plazo de incentivos han atraído inversiones sostenibles en el tiempo.

En conclusión. Guatemala tiene estímulos fiscales competitivos, pero no suficientes para compensar las deficiencias en infraestructura, digitalización de procesos y certeza jurídica. Para capitalizar el nearshoring debe abordar con urgencia estas áreas críticas. De lo contrario, perderá oportunidades frente a vecinos que han sabido potenciar sus ventajas estratégicas.

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Los ataques digitales contra las PYMES han aumentado exponencialmente. Las amenazas: robo de identidad, secuestro de datos y fraudes financieros. La falta de medidas de ciberseguridad puede provocar pérdidas económicas significativas y afectar la operatividad de los negocios.

Según un informe de Kaspersky, en 2024 las PYMES gastaron unos USD 300 000 para mitigar incidentes de este tipo. El 83 % de estos ataques intentaron infiltrarse en redes corporativas. El 71 % buscaba controlar sistemas y ejecutar códigos maliciosos (virus).

Carolina Mojica, gerente de Producto para el Consumidor de América Latina en Kaspersky, señala que las PYMES enfrentan un panorama complejo. Sin estrategias de protección adecuadas, los ataques pueden comprometer información sensible y provocar altos costes financieros. Ello entorpece la continuidad operativa de las empresas.

Kaspersky advierte sobre la importancia de renovar periódicamente las credenciales bancarias. Cada 1 de febrero, la compañía conmemora el Día Mundial del Cambio de Contraseña resaltando la importancia de este hábito. Un estudio reveló que el 43 % de los latinoamericanos ha sido víctima de fraudes digitales; pero solo el 13 % ha cambiado sus contraseñas tras un ataque.

En Centroamérica, Guatemala es el país con mayor incidencia de estos ataques en la banca digital, con un 46 %. Le siguen Panamá (45) y Costa Rica (42). La suplantación de identidad y los fraudes mediante correos electrónicos o llamadas falsas son las técnicas más comunes empleadas por ciberdelincuentes.

Los expertos recomiendan utilizar la autenticación multifactor —en dos pasos— y cambiar contraseñas con regularidad. Aunque las instituciones bancarias implementan medidas avanzadas de seguridad, la negligencia de los usuarios sigue siendo un punto vulnerable que los hackers explotan para acceder a cuentas financieras y robar información confidencial.

Asimismo, es de resaltar la necesidad de reforzar la ciberseguridad en las organizaciones. Según Kaspersky, el 42 % de las empresas en Latinoamérica ha sufrido fugas de datos en los últimos dos años.

Las compañías deben adoptar estrategias como cifrado de datos, segmentación de redes y capacitación constante. También es clave implementar soluciones avanzadas, como EDR (Detección y Respuesta de Endpoints, siglas en inglés). Esto previene accesos no autorizados y protege la información.

El cumplimiento de normativas de protección de datos sigue siendo un desafío para el 20 % de las empresas latinoamericanas con operaciones en distintas regiones. No acatar estas regulaciones puede derivar en sanciones legales, interrupción de servicios y pérdida de confianza por parte de clientes y socios comerciales.

El incremento de dispositivos conectados a internet agrava la situación. En los hogares hay entre cinco y ocho en promedio, lo que amplía las posibilidades de ataque. En 2024, las amenazas dirigidas a dispositivos móviles aumentaron un 70 %. No obstante, muchos usuarios aún no los protegen adecuadamente.

Invertir en ciberseguridad ya no es opcional para las PYMES, grandes empresas e incluso el núcleo familiar. La protección de datos, la actualización de credenciales y el uso de herramientas de protección son esenciales para garantizar la continuidad operativa y minimizar riesgos.

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La reciente conferencia en Londres de la Alianza por una Ciudadanía Responsable reunió a unos 4000 delegados. Objetivo: continuar la “labor vital de restaurar y renovar nuestras sociedades”.

Se presentó el informe Reindustrializar: Crear capacidad, seguridad y prosperidad en un mundo desglobalizado. Sus autores, Austin Bishop y Blake Seitz, examinan las causas profundas de la desindustrialización de Occidente en las últimas décadas y el impacto en economías y sociedades. Cleveland (Ohio) en el “Cinturón del Óxido” estadounidense y Birmingham (Gran Bretaña) son ejemplos paradigmáticos de lo que está sucediendo en muchos lugares.

El declive de la aptitud para fabricar bienes en abundancia no solo ha provocado pérdida de empleo, decadencia urbana y disfunciones sociales. Ha socavado la capacidad de disuadir agresiones y apoyar eficazmente a los aliados. Todo ello debilita a los países occidentales.

En el documento se afirma que los responsables políticos han ignorado y restado importancia a los problemas de producción de Occidente durante muchos años.

Se señalan las recientes crisis mundiales: pandemia, guerra de Ucrania y ataques a la navegación mercante en el Mar Rojo. Estos hechos han demostrado los peligros de la dependencia de la fabricación en China. La reducción de las capacidades de fabricación de Occidente se ha traducido en la incapacidad para fabricar las armas necesarias para ganar una guerra moderna. La “dependencia” de Occidente de las importaciones extranjeras durante el covid provocó una “grave escasez de equipos de protección, medicinas y muchas otras cosas”. La fragilidad de las cadenas de suministro mundiales alertó a los occidentales sobre una pérdida significativa de soberanía.

Además, Europa “lleva años cerrando centrales nucleares, aumentando la dependencia del gas natural de Rusia”. Desde la invasión en 2022, tanto por la coacción rusa como el sabotaje del gasoducto Nord Stream II, ese suministro se ha evaporado. Un informe de la Unión Europea calcula que sus empresas pagan de dos a tres veces más por la energía que las de EE. UU., y de cuatro a cinco veces más por el gas natural.

El declive industrial fue consecuencia de malas decisiones políticas y una ideología errónea. Desde la década de 1960, esto ha sido causado por una combinación de exceso de regulación, coste añadido de energía y globalización. La construcción de plantas se convirtió en lenta, difícil y cara. Un entorno empresarial poco competitivo en EE. UU. provocó oleadas de cierres de fábricas y externalización de la producción.

Tomarse en serio la reconstrucción “requerirá una variedad de políticas, de las que algunas no encajan en moldes ideológicos preexistentes ni tienen un grupo de interés natural para defenderlas”.

¿Cuál debe ser el objetivo de esas políticas? Permitir la fabricación de bienes en casa, a escala y a precios competitivos a nivel mundial. Esto requerirá, a su vez, reducir el coste de los insumos para la fabricación, redirigir la inversión hacia la manufactura y reconstruir los ecosistemas industriales esenciales para innovación y producción en masa.

Una agenda de reindustrialización exitosa tendrá que hacer frente a las limitaciones y al mal diseño de las políticas. Y, más importante, abordar las causas profundas del exceso de regulación y globalización.

Cinco pasos ofrecen la vía para reconstrucción, renovación, productividad y crecimiento:

Reforma y desregulación.

Rápido despliegue de nuevas fuentes de energía para contener el precio de la electricidad de los clientes industriales.

Política proactiva y cambios en la estructura de incentivos a la inversión en la industria manufacturera.

Inversión en ingeniería y formación profesional (vocacional) para crear una mano de obra viable.

Y diversificación de cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de China y robusteciendo relaciones comerciales con democracias afines.

Una primera victoria es haber tomado conciencia del problema. Serán necesarios cambios políticos, apoyo público e inversión de capital. El potencial de renovación industrial existe.

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El desafío de la agricultura en LAC es aumentar la producción alimentaria de manera sostenible al tiempo que se fortalecen los ingresos rurales. Este sector, vital para la economía regional, se encuentra en la encrucijada de adaptarse a las exigencias de sostenibilidad global y seguridad alimentaria en un contexto cada vez más incierto debido al cambio climático.

Por qué importa.  La estructura institucional es fundamental para enfrentar la inseguridad alimentaria. La coordinación entre distintos niveles de gobierno y el sector privado es básica. La creación de ministerios de alimentación y agricultura que integren diversas funciones proporciona un marco más eficaz para responder a los retos alimentarios.

• Rodolfo Roche, especialista en agricultura sostenible, menciona que los nuevos marcos institucionales deben priorizar agilidad y adaptabilidad para responder de modo eficiente a las crisis alimentarias emergentes.

• “Los esfuerzos por mejorar la coordinación institucional deben acompañarse de una mayor inversión en tecnología y capacitación”. Esto no solo optimizará la respuesta a emergencias, también mejorará la gestión de recursos a largo plazo.

• Es indispensable promover políticas que conecten la investigación agrícola con su aplicación en el campo. El enfoque ha de ser sustentable y centrado en las comunidades rurales, considerando género y diversidad étnica para una distribución equitativa de los beneficios.

En el radar. Aumentar la productividad es vital, pero debe hacerse de manera sostenible. El uso de tecnologías avanzadas puede incrementarla hasta en un 25 % sin comprometer los recursos.

• Según el estudio del BID, Desarrollo Sostenible de la Agricultura en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades, la agricultura de precisión utiliza datos satelitales y sensores en campo para optimizar el uso de agua y fertilizantes.

• Además, la implementación de prácticas de conservación como rotación de cultivos y agricultura regenerativa mejora la salud del suelo y la biodiversidad. Contribuye así a sistemas más resilientes.

• “La clave está en encontrar el balance entre la adopción de innovaciones tecnológicas y el respeto por nuestras tradiciones agrícolas”, subraya.

Qué destacar. Incrementar los ingresos rurales es esencial para aliviar la pobreza e incentivar prácticas sostenibles en LAC. Ingresos adecuados permiten a los agricultores invertir en tecnologías y prácticas responsables.

• Según el informe, una estrategia efectiva incluye mejorar la conectividad entre zonas rurales y mercados urbanos, lo que aumentará la rentabilidad de los cultivos. Incrementará sus oportunidades y capacidades de negocio.

• El fortalecimiento de los servicios financieros es primordial, ya que les permite invertir en mejoras que pueden aumentar la productividad y, por ende, sus ingresos.

• “Proyectos que vinculan crédito agrícola con capacitación técnica han logrado incrementos del 25 % en los ingresos de los beneficiados”, sugiere el estudio. Implementar políticas que reduzcan las barreras comerciales internas expandirá el acceso a mercados más lucrativos potenciando el desarrollo.

Visto y no visto. La promoción de la sostenibilidad ambiental a través de certificaciones mejorará el medio ambiente y la percepción de los productos latinoamericanos en los mercados internacionales.

• Certificaciones como la agricultura orgánica y Rainforest Alliance son reconocidas globalmente ofreciendo primas de mercado significativas.

• Sin embargo, el acceso a las mismas es complejo y costoso. Una barrera considerable para los pequeños productores. “Es imperativo que gobiernos y organizaciones internacionales trabajen juntos para hacerlas más accesibles y menos burocráticas”, comenta Roche.

• Según datos del BID, facilitar este acceso puede incrementar los precios de los productos hasta en un 30 %, mejorando directamente los ingresos.

En conclusión. La resiliencia verde es cardinal para el futuro agrícola en LAC. Integrar tecnología, mejorar coordinación institucional y fortalecer ingresos rurales permitirá una producción sostenible y equitativa. La inversión en innovación y políticas inclusivas garantizará la seguridad alimentaria y el desarrollo en un entorno cambiante.

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