
Buenos días.
Empezamos con una advertencia. Este lunes se discute la nueva ley antilavado, y Guatemala la necesita con urgencia. Pero en La Mano Visible planteamos lo que la urgencia tiende a pasar por alto: ¿qué pasa cuando esas facultades caigan en manos del peor funcionario posible?
Cambiamos de carril: La industria automotriz llega a la revisión del T-MEC con producción y ventas al alza. Aun así, las armadoras cargan una pregunta incómoda: ¿dónde colocan sus próximos modelos si el arancel puede cambiar cada año? México pelea ese lugar dentro de sus propias marcas, contra plantas de Europa y Asia.
Cambiamos de carril hacia la basura. Un luxemburgués bota más de dos kilos al día; un guatemalteco, menos de medio. ¿Por qué el país más rico ensucia más, con reglas ambientales más estrictas? La gráfica de hoy lo explica.
Aterrizamos en el campo. Francisco Jardim, de la brasileña SP Ventures, mira el agro guatemalteco y ve al Brasil de hace medio siglo, antes de volverse potencia. Cree que el país puede repetir esa historia y ya tiene claro con qué dinero y en cuánto tiempo.
Si conoce a alguien que invierta en autos, agro o que siga hacia dónde va la región, reenvíele este correo antes de su próxima decisión.
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Buen sábado.



Los padres fundadores de EE. UU. entendieron algo que toda república debe recordar cuando el miedo, la urgencia o la presión política empujan al Estado a pedir más poder: las libertades no se protegen solas. Las libertades protegen con límites; se protegen con jueces, y se protegen con instituciones diseñadas para desconfiar del abuso.
James Madison lo explicaba con una claridad que sigue vigente: primero hay que permitirle al gobierno controlar a los gobernados; pero luego hay que obligarlo a controlarse a sí mismo.
Esa es la esencia del constitucionalismo norteamericano, la convicción de que el poder, incluso cuando persigue fines legítimos, necesita límites.
Esa lección importa recordarla hoy en Guatemala.
Guatemala necesita una ley antilavado moderna y la necesita con urgencia. El narcotráfico, el contrabando, la corrupción y las estructuras criminales han avanzado demasiado en los últimos años. El país necesita herramientas reales para perseguir el dinero sucio, proteger el sistema financiero y cumplir con estándares internacionales.
Por eso, la discusión sobre la nueva ley contra el lavado de dinero no puede reducirse a una consigna simplona de “o se aprueba tal como está, o se está defendiendo al crimen organizado”. Esa es una falsa disyuntiva.
Precisamente porque la ley es necesaria, debe aprobarse bien.
Porque si se aprueba con debilidades constitucionales evidentes, quienes quieren destruirla tendrán el argumento servido; y no necesariamente la atacarán por amor a la Constitución. Muchos la atacarán porque no quieren ninguna ley. Porque no quieren controles y porque no quieren que Guatemala tenga instrumentos eficaces contra el lavado de dinero.
Por eso, corregir sus excesos no debilita la ley, sino que la blinda.
El punto delicado está en las facultades que se le están dando al Ministerio Público (MP) y en la forma en que podrían abrirse puertas de acceso a información privada sin suficiente control judicial. Una cosa es actuar rápido frente al crimen organizado y otra muy distinta es permitir que el poder investigador acceda a información sensible sin juez, sin controles efectivos o, al menos, sin una convalidación judicial seria.
La regla debería ser sencilla: si el Estado quiere entrar a la esfera privada de una persona, revisar documentos, obtener información patrimonial, acceder a datos societarios, congelar bienes o afectar derechos, debe intervenir un juez. Lo ideal es que esa autorización judicial sea previa. Y si existe una urgencia real, entonces, por lo menos, debe haber convalidación judicial inmediata, obligatoria y efectiva.
Esto no es un capricho garantista, es sentido común republicano. Las garantías constitucionales fueron diseñadas para proteger a los ciudadanos frente al abuso del poder.
Hoy, la herramienta puede presentarse como necesaria para combatir al narcotráfico. Mañana puede estar en manos de un fiscal con agenda política, ambición personal o intereses oscuros. Las leyes no se redactan pensando en el funcionario que hoy nos cae bien. Se redactan pensando en el peor funcionario que podría llegar mañana.
Guatemala ya vio lo que ocurre cuando el MP se convierte en poder político. Durante los últimos 16 años, las herramientas penales e investigativas fueron utilizadas en el MP para construir espectáculos, presionar a adversarios y condicionar la vida pública. Si eso ocurrió con las facultades existentes, imaginemos lo que puede pasar con facultades más amplias, menos controladas y sobre información mucho más sensible.
El caso del registro centralizado de accionistas es particularmente grave. Crear una base estatal con información de accionistas de sociedades mercantiles ya representa un riesgo enorme en un país donde la criminalidad no duerme. Si esa información cae en manos equivocadas, puede convertirse en un mapa de extorsión, secuestro, persecución política o presión económica. Y si, además, se permite que el MP tenga acceso directo o discrecional a esa información sin suficiente control judicial, el riesgo deja de ser hipotético.
Eso no tiene fundamento necesario en el modelo GAFI. GAFI exige transparencia, cooperación, acceso oportuno e identificación de beneficiarios finales, pero no exige un registro accionario generalizado expuesto a riesgos innecesarios. De hecho, los propios EE. UU. —ese país cuya tradición constitucional tanto admiramos— dieron marcha atrás respecto de los requisitos generalizados de reporte de beneficiario final para compañías estadounidenses y personas estadounidenses. Si ellos mismos han reconocido la carga y el riesgo de ese modelo para sus empresas domésticas, Guatemala no tiene por qué ser más papista que el papa.
Cumplir con GAFI no significa ir más allá de GAFI. GAFI pide celeridad, no pide violar la Constitución; pide eficacia, no pide eliminar jueces; pide cooperación, no pide convertir al MP en juez de sus propias solicitudes.
La rapidez puede lograrse con jueces de turno, procedimientos digitales, plazos de horas, reserva de actuaciones y medidas urgentes. Lo que no se debe hacer es normalizar una cultura en la que el control judicial se vea como obstáculo y no como garantía.
La defensa de estas garantías no es una oposición a la ley. Al contrario, es la forma responsable de apoyarla.
La ley debe aprobarse. Guatemala la necesita, pero debe aprobarse con enmiendas que preserven el control judicial, limiten el acceso discrecional a información sensible y eviten crear bases de datos de altísimo riesgo sin resguardos suficientes.
Ese debate debe darse este lunes, antes de aprobarla, no después de que sus defectos se conviertan en munición para quienes quieren tumbarla.
Guatemala necesita una ley fuerte contra el lavado de dinero, pero no necesita una ley débil frente al abuso de poder.

María José Aresti
El baúl del T-MEC: la producción de nuevos modelos en México
590 palabras | 2 mins de lectura

La industria automotriz mexicana llega a la revisión del T-MEC con producción, exportaciones y ventas internas en positivo, pero una baja de envíos a EE. UU. Si el acuerdo no se extiende por 16 años, entrará en revisiones anuales hasta 2036. Para las armadoras, ese calendario complica la asignación de próximos modelos y futura capacidad productiva.
Por qué importa. Las ensambladoras definen nuevos modelos, proveedores, herramientas y capacidad de planta con varios años de anticipación. Una revisión anual del acuerdo introduce incertidumbre en decisiones que comprometen capital, justo cuando México compite por mantener nuevas plataformas dentro de su producción.
Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, explicó en un foro que un modelo dura cuatro o cinco años. Cuando una línea cambia, el retooling compromete inversión por otros cinco o seis años.
Si una plataforma debe renovarse mientras sucede la revisión, los corporativos decidirán dónde hacer ese gasto. México compite dentro de las propias armadoras, frente a plantas de Europa, Asia y Norteamérica.
Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, dijo que lo importante es “bajar esta incertidumbre”. Sin reglas claras, la inversión posterga nuevas líneas, proveedores y capacidad instalada en manufactura mexicana.
Datos clave. De enero a abril, la producción automotriz creció un 0.9 %, las exportaciones totales subieron un 4.7 % y las ventas nacionales avanzaron un 4.8 %. Sin embargo, los envíos hacia EE. UU. bajaron un 2.3 %.
“Es un espejismo”, describió Garza Garza. Las compañías siguen enviando vehículos porque la capacidad productiva y logística ya está instalada, aunque los costos actuales presionan sus márgenes.
La regla vigente exige un 75 % de contenido regional para que un vehículo califique bajo el T-MEC. Garza Garza sostuvo que es la regla de origen más estricta entre acuerdos comerciales.
Para la industria mexicana, cumplir esa regla cuesta entre un 3 % y un 4 % del valor del vehículo. Europa, Japón y Corea pueden entrar a tierra estadounidense con un 15 % sin asumir esa misma carga.
El otro lado. La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. sostiene que la revisión debe corregir déficits bilaterales y elevar el contenido estadounidense en bienes industriales.
El déficit comercial de EE. UU. con México llegó a USD 196 900M, según Reuters. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, lo usa como argumento para mantener los aranceles impuestos.
“Creo que a lo largo de estas negociaciones, vamos a hablar de las normas de origen de manera que se potencie el contenido estadounidense en estos productos”, afirmó.
La decisión estadounidense va más allá del déficit: Reuters también reportó que Washington busca elevar el contenido norteamericano del 75 % al 82 % y exigir que la mitad sea de origen estadounidense.
Ahora qué. Los expertos mexicanos coincidieron en que la negociación debe proteger el siguiente ciclo industrial. México busca recuperar arancel cero o —como mínimo— una tasa que no castigue su integración regional frente a competidores externos en el mercado estadounidense.
La primera ronda de negociaciones tuvo lugar el 28 y 29 de mayo. Una segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última será el 20 de julio en Ciudad de México.
“Una revisión anual no nos ayuda nada”, asegura Garza Garza. La industria necesita horizontes de cinco o seis años para aprobar herramientas, líneas y nuevos programas.
El riesgo es perder competitividad relativa frente a otros centros de producción. Si esa brecha se mantiene, los próximos modelos pueden asignarse a otras plantas fuera de México con mejores condiciones arancelarias.


Ximena Fernández
El luxemburgués promedio tira más basura que cualquier guatemalteco
157 palabras | 1 min de lectura
Guatemala genera menos de medio kilo de basura por habitante al día. Luxemburgo, más de dos. Son países que no compiten en ninguna lista económica, pero en esta sí aparecen juntos, en extremos opuestos. La diferencia no es una anomalía: es la lógica del consumo.
Cuando sube el ingreso, sube el gasto, crece la densidad urbana y aumenta la presión sobre los sistemas de desechos. Los países más ricos tienen políticas ambientales más estrictas e infraestructura más avanzada, y aun así generan más basura.
Singapur lo ilustra desde otro ángulo: clasificada como economía emergente por UN Trade & Development, ronda los tres kilos diarios por habitante, cifra que la acerca más a Luxemburgo que a sus vecinos de categoría.
Latinoamérica y el Caribe producen menos residuos que las economías desarrolladas, pero invierten menos en infraestructura verde y dependen más de combustibles fósiles. El problema no es solo cuánta basura se genera, sino con qué capacidad se enfrenta.


UNA INVITACIÓN DE REPÚBLICA
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Ximena Fernández
Francisco Jardim: “Queremos traer tecnologías brasileñas e invertir en startups agro de Guatemala”
734 palabras | 3 mins de lectura

Francisco Jardim encuentra algo familiar en el agro guatemalteco: un sector que pesa un 30 % del PIB, clima tropical y productores presionados por costos. El cofundador de SP Ventures —firma brasileña de capital de riesgo en AgFoodTech y ClimateTech— propone usar al país como plataforma para llevar tecnología agrícola brasileña a Mesoamérica y el Caribe, con joint ventures locales e inversión en emprendedores en cinco años.
¿Qué oportunidades ve Brasil en el agro guatemalteco?
—Brasil no fue siempre potencia agrícola. Hasta los años 70 producíamos poco. Embrapa, hoy con 46 centros de investigación, permitió tropicalizar la soja y llevar agricultura de alta productividad al centro del país, antes inhóspito.
Pasamos de no alimentar a nuestra población a producir para 1000M de personas, con 220M de habitantes. Fue una revolución científica, no un avance sobre la Amazonía.
Guatemala nos interesa por el tamaño de la oportunidad: el agro pesa el 30 % del PIB, frente al 25 % en Brasil. Compartimos un negocio central y un clima tropical que exige agricultura regenerativa.
¿Qué necesita Guatemala para pasar a una agroindustria más productiva?
—El productor cambia ante amenazas externas, y hoy hay dos. La primera, el cambio climático, con sequías e inundaciones frecuentes. La segunda, la disrupción geopolítica. En Brasil, un productor gasta hasta el 40 % en insumos; en marzo, urea y amoniaco subieron el 65 % por la guerra en Irán.
Al mismo tiempo, la IA acelera la productividad. El agro vive tres disrupciones simultáneas: climática, geopolítica y tecnológica. Brasil es centro avanzado de desarrollo e implementación, y por eso vemos en Guatemala una oportunidad doble: traer tecnologías y, en cinco años, invertir en startups agro de Guatemala.
¿Cómo acercar tecnología a productores acostumbrados a métodos tradicionales?
—Tuvimos el mismo desafío en Brasil. Creíamos que el productor era conservador, pero sí adopta tecnología: genética, química, automatización. Lo que necesita son vectores que la lleven al campo, y las startups cumplen ese rol mejor que las empresas grandes.
En Brasil trabajamos con universidades, distribución de insumos digitales y grandes cadenas, como la del café, donde la industria exige prácticas a sus proveedores. WhatsApp también pesó: en 2020 compraba por ahí un 23 % de los productores. Hoy son el 70 %.
¿Buscan convertir a Guatemala en base regional?
—Exportar tecnología agrícola desde Brasil hacia Mesoamérica y el Caribe es difícil. Aterrizarla en Guatemala y desde ahí distribuir es más eficaz. El país tiene masa crítica de talento y campo. Queremos joint ventures: las firmas brasileñas, argentinas o mexicanas aportan tecnología; las guatemaltecas, acceso al mercado.
Las tecnologías que encajan: insumos biológicos, agricultura digital con cloud, sensores de suelo, AgFintech e IA. El insumo biológico es la apuesta más segura. En Brasil ya supera USD 1000M, no depende del petróleo ni del dólar, y le da al productor previsibilidad de costos.
Aquí puede leer la entrevista completa.
