Zoom a la letra pequeña

Buenos días. Me alegra que nos lea, aun siendo sábado. Vámonos acostumbrando.

Esta edición dio un giro ayer a las 9:30 a. m.: el MINECO emitió un comunicado y me hizo reevaluar el análisis principal. El pronunciamiento oficial decía poco a nivel periodístico —así suelen ser—, pero lo suficiente como para pensar: esto entra mañana sí o sí.

Con noticias así pasa algo: uno sabe que son inevitables. También era predecible la reacción de las cámaras empresariales. Lo hicieron con el paso de las horas, pero algunas voces —AGEXPORT, por ejemplo— pedían más que un pronunciamiento estándar. Tuve una llamada por WhatsApp con su presidente, Francisco Ralda. Me atendió desde Washington. Comparto lo esencial de una conversación de menos de 10 minutos.

Mi plan para este artículo fue sencillo: hacer zoom sobre la letra pequeña de un acuerdo del que todavía se conocen pocos detalles. Vale mencionarlo: el MINECO convocó para el lunes una conferencia de prensa sobre el Acuerdo Recíproco de Aranceles entre EE. UU. y Guatemala. Ahí estaré.

Antes de despedirme, le recomiendo también leer el artículo de mi colega Ximena Fernández. Cuando le pedí que me lo resumiera en una línea, me dijo: “Los accidentes viales repercuten en la productividad del país”. Además, trabajó una gráfica interesante sobre el crecimiento que espera el BANGUAT para distintas actividades económicas en 2026.

Le recuerdo mi correo para cualquier sugerencia o comentario: [email protected]. Y, ya en plan de fin de semana: hoy hay buenos duelos en la Premier League —sigo al Liverpool FC y al FC Arsenal— y toca madrugar para la final del Australian Open. Yo me decanto por el tenista serbio Novak Djokovic.

En cada publicación encuentra los enlaces para compartir el contenido en diferentes redes sociales. Un abrazo y que siga el buen fin de semana.

Guatemala firmó un Acuerdo Recíproco de Aranceles con EE. UU., que evita extremos. El Gobierno lo presenta como señal de continuidad y previsibilidad, mientras que para el sector privado es un “aterrizaje controlado”, que combina alivio para una parte de la canasta exportadora, exposición para otra y una agenda interna pendiente.

Por qué importa. La negociación dejó poco margen para apuestas grandilocuentes. El resultado sostiene acceso para una parte relevante de las exportaciones y, para lo demás, fija un techo al recargo.

• El MINECO subraya que el acuerdo no reemplaza al DR-CAFTA. La ministra Gabriela García afirma que “no lo sustituye; lo complementa”, como mensaje para calmar al exportador y evitar lecturas de ruptura.

• El dato encausa la conversación hacia “el 70.4 % de las exportaciones ingresarán con arancel 0 %”. Ese dato define si un exportador duerme tranquilo. Además, protege gran parte de la canasta y oxigena los negocios dependientes de EE. UU.

• Para el grupo que queda fuera, el recargo adicional tiene techo máximo de un 10 %. No es para celebrar, pero permite planificar sin sobresaltos y ajustar precios y contratos con un peor escenario delimitado.

Visto y no visto. El alivio no es uniforme. El número oficial tranquiliza, pero el sector exportador pide contexto: quién queda cubierto y quién queda expuesto. Aquí se cruzan narrativa pública y realidad empresarial, sin tener un choque frontal.

• Francisco Ralda, presidente de AGEXPORT, lo resume sin dramatizar. Aclara que es “el 70 % de las exportaciones, no el 70 % de los productos”. Una precisión clave para entender por qué algunos rubros respiran y otros no.

• Ralda pone nombre a casos sensibles. Menciona melón, sandía y berries (hay más). Esos rubros quedan expuestos al 10 % y el diferencial pesa cuando se compite con países sin barreras arancelarias, como México.

• CIG “valora positivamente este avance”, pero también lista sectores “desfavorecidos”, como el de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, manufacturas de hierro y acero, así como otros productos industriales.

Detrás de escena. Más allá de la conversación arancelaria, el acuerdo cambia cómo se comercia. Aquí coinciden Gobierno y el sector agro: el valor está en reglas y tiempos, si se implementan bien.

• CAMAGRO pone el foco en facilitación y productividad. Su directora ejecutiva, Carla Caballeros, reconoce el trabajo del “MINECO, Cancillería y la Embajada de Guatemala en EE. UU.”.

• FUNDESA se enfoca en el clima de negocios y empleo formal. Su director ejecutivo, Juan Carlos Zapata, dijo que la “firma compromete al Estado guatemalteco a facilitar el comercio”, insinuando menor burocracia y trámites digitales.

• El documento aboga por la facilitación del comercio, presentación anticipada de información aduanera y reglas SPS basadas en riesgo, que reducen fricción. Si la implementación acompaña, hay beneficio. Caso contrario, solo se ganó tiempo.

Balance. El acuerdo no es blanco o negro: es una mezcla de alivio y pendientes. EE. UU. apostó por acceso y reglas claras; Guatemala ganó un seguro comercial que mantiene abierto su principal mercado y limita riesgos, con sectores aún expuestos.

• El consenso mínimo existe. Gobierno, exportadores y agro coinciden en que el aterrizaje fue controlado y preferible a un escenario sin acuerdo. Ninguna voz, pública o privada, minimiza el logro del acuerdo comercial suscrito.

• AGEXPORT acompaña el logro y empuja una segunda fase para cerrar brechas donde el 10 % pesa. Su presidente plantea “compensadores” —fiscales, por ejemplo—. Los industriales exhortan a “continuar trabajando para que puedan recuperar y fortalecer su acceso”, refiriéndose a los suyos.

• CAMAGRO aporta el contrapeso productivo al destacar avances en facilitación fitosanitaria y biotecnología, y el énfasis en ejecutar bien. El asunto no concluye con “la firma”. CIG lo enfatiza así: “Se deben implementar, de forma urgente, acciones concretas y de corto plazo para cumplir los compromisos asumidos”.

Los accidentes de tránsito le cuestan al país el 5.56 % de su PIB, lo que se traduce en GTQ 39 365M anuales, según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS). Los siniestros no solo afectan la vida de los guatemaltecos, sino la productividad de toda una nación.

Por qué importa. La cifra no es abstracta: el impacto se cuela en hospitales y se filtra hasta llegar a las empresas y cadenas logísticas. Detrás de la siniestralidad vial hay horas perdidas, mercancía que no llega y capital humano que sale —definitiva o parcialmente— del mercado laboral. 

• En 2024, el Hospital General de Accidentes Ceibal reportó que más de GTQ 297M fueron destinados para la atención de incidentes relacionados con motocicletas. El costo no es solo médico, sino de país.

• La pérdida no es solo de quien sufre el accidente. Cada choque genera cuellos de botella que atrasan entregas, encarecen fletes y reducen la confiabilidad del sistema productivo.  

• Los accidentes de tránsito provocan principalmente la muerte de hombres jóvenes entre los 15 y 35 años.  “Se trata de personas en edad productiva”, afirma Carmen Salguero, coordinadora de la comisión de salud de FUNDESA. 

Datos clave. El costo de una vida humana se traduce en años de trabajo no producidos, inventario destruido y tiempo muerto atrapado en congestiones. Las tasas de mortalidad vial exponen brechas de productividad que dejan al país fuera de la carrera.  

• En Guatemala, por cada 100 000 habitantes, se registran en promedio 15 fallecidos a causa de un accidente vial.

• En contraste, Suecia registra menos de dos y España poco más de tres, según Juan Emilio Rodríguez, consultor internacional en infraestructura y movilidad segura.

• La diferencia es sustancial: se traduce en más capital humano perdido. “Se pierden décadas de trabajo, oportunidades, aportes a la comunidad y economía”, argumenta Salguero.  

Entre líneas. Que Guatemala tenga seguridad vial no es solo prevención: es mejorar la eficiencia económica doméstica. Cuando un camión se accidenta, se pierde —entre otros— tiempo. Si la mercadería llega sin percances, la liquidez sigue fluyendo.

• “Un camión que se choca es inventario perdido”, plantea Juan Carlos Botrán, director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala. A eso se suma el retraso en rutas clave.

• Un trayecto que se estira de una a tres horas encarece la operación y erosiona la competitividad. Además, el 8.6 % de los vehículos involucrados son camiones, un dato que demuestra el impacto logístico y productivo en cada percance.

• Cada siniestro afecta a terceros que no estuvieron involucrados: trabajadores que llegan tarde, mercancía que no arriba, contratos que se incumplen.

Ahora qué. Reducir los siniestros y, por ende, el costo país, requiere de infraestructura segura y formación del conductor. Menos choques significan más vida protegida y más libertad económica.

• La evidencia internacional apunta a sistemas integrados de movilidad: señalización efectiva y un control que funcione. Rodríguez lo resume así: “Un sistema seguro hace más eficiente al país”.

• Invertir en seguridad vial protege propiedad privada, reduce gasto forzoso y libera productividad.

• Para Salguero, la conclusión es tomar decisiones clave en materia de seguridad vial. “Falta voluntad y compromiso sostenido”, concluye.