Ley de Competencia: “pisando huevos”

La recién aprobada Ley de Competencia en Guatemala ha sido presentada como un hito en la regulación del mercado, pero su aplicación no será efectiva hasta 2026. Plantea interrogantes sobre su verdadero impacto y utilidad. Se abre la puerta a ajustes estratégicos según la composición del Congreso en los próximos años. Más allá de la retórica modernizadora, parece ser moneda de cambio en la negociación política y la administración del poder.

En perspectiva. La posposición de su aplicación deja un margen considerable para modificaciones futuras. Su contenido aún puede ser objeto de enmiendas coyunturales. 

• Como señala el diputado Carlos Barreda, en el corto plazo hay cuestiones que deben corregirse. Así, la contradicción entre los artículos 30 y 47. O el régimen de multas que todavía causa incertidumbre. Se evidenció que el diseño no fue completamente técnico. Por el contrario, se encuentra sujeto a ajustes futuros.

• Para el sector privado, esta incertidumbre no es menor. Se busca prevenir prácticas anti competencia, pero su flexibilidad crea desconfianza entre inversores y empresarios. En mercados que dependen de la seguridad jurídica, una normativa con alcance variable por intereses políticos eleva el riesgo de decisiones arbitrarias.

• El retraso en la aplicación implica, asimismo, que el actual gobierno podrá capitalizar la existencia de la ley sin asumir directamente sus efectos. Con ello, la regulación de la competencia se convierte en un elemento de negociación.

En el radar.  El sector empresarial ha manifestado su preocupación por efectos inciertos. Si bien establece reglas claras contra prácticas monopólicas y acuerdos anti competencia, el retraso en su aplicación deja un vacío regulatorio que puede provocar distorsiones en el mercado.

• Eduardo Mayora, abogado de Mayora&Mayora, indica que el éxito de cualquier acuerdo normativo está en su interpretación y aplicación, más que en su comunicación. “Sin recursos adecuados para su implementación, enfrentaremos circunstancias complicadas”.

• No basta con aprobar la Ley. Su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para hacerla cumplir. El problema radica en que los sectores estratégicos seguirán operando sin supervisión real hasta 2026. Eso condicionaría el desempeño de las empresas.

• Mientras tanto, las grandes compañías continúan adaptándose a un entorno sin cambios significativos. La falta de supervisión hasta el próximo año podría favorecer prácticas que la ley pretende erradicar. Las PYMES, especialmente dependientes de condiciones de mercado equitativas, serían más vulnerables.

Entre líneas. El diseño de la Superintendencia de Competencia ha suscitado preocupación respecto a su independencia. El directorio será elegido por el Ejecutivo, el Congreso y la Junta Monetaria. Un esquema que podría dar lugar a la captura del ente regulador a manos de intereses políticos y empresariales.

• Barreda menciona que la formación de la Comisión de Economía del Congreso es clave para asegurar la transparencia. Tradicionalmente, esta ha sido influenciada por intereses particulares. Esto podría hacer que los nombramientos respondan más a conveniencias políticas que a méritos técnicos.

• La falta de independencia de la Superintendencia podría influir en la aplicación de la legislatura favoreciendo a ciertos actores sobre otros.

• Además, el retraso de la entrada en vigor permite que grupos con mayor poder económico puedan sortear mejor posibles regulaciones. En cambio, las PYMES enfrentan un futuro incierto.

Ahora qué. El futuro de la Ley sigue siendo impreciso. Es cierto que s existencia podría representar un avance en la regulación del mercado. No obstante, su aplicación diferida y las inconsistencias en su redacción provocan dudas sobre su verdadero impacto.

• El proceso de reformas en los próximos años determinará si estamos ante un instrumento efectivo o tan solo un marco normativo vacío.

• La capacidad del sector privado para adaptarse a esta nueva regulación dependerá en gran medida de la estabilidad institucional y la transparencia en la implementación de la norma.

• El desafío ahora es garantizar que no se convierta en una herramienta de control político. Debe ser un mecanismo para fortalecer aun más la libre competencia ya existente.

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Cada año Transparencia Internacional lleva a cabo un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). La semana pasada, la organización presentó el correspondiente a 2024. En esa medición, Guatemala experimentó una leve mejora tras un prolongado declive. Obtuvo una puntuación de 25 (23 en 2023). El índice mide la percepción ciudadana en los países estudiados en una escala de cero (altamente corrupto) a cien (gestión limpia).

El índice se conforma con datos de 13 encuestas a expertos y empresarios. Las evaluaciones son recogidas por entidades prestigiosas como el BM y el Foro Económico Mundial, para medir la percepción de la corrupción en el sector público.

Valga esta introducción para reseñar La corrupción bajo una nueva lupa. Un análisis desde la economía política y el public choice. El libro fue presentado en un evento coorganizado por el Instituto Fé y Libertad y el Movimiento Cívico Nacional. Sus autores son Carroll Ríos de Rodríguez, David Casasola Lemus y José Gálvez.

Si bien el IPC define la corrupción como “abuso del poder encomendado para provecho privado” el concepto abarca prácticas que incluyen nepotismo, fraude, intercambio de favores y malversación de fondos públicos. Incluso extorsiones.

La corrupción es una lacra persistente. Los esfuerzos por erradicarla no logran su objetivo. ¿Puede cuantificarse este fenómeno que continúa obstaculizando el desarrollo de las naciones? De momento no existe una medición establecida.

Se presenta el caso de Odebrecht, paradigmático en Latinoamérica. Desde 2001, la empresa brasileña sobornó de forma sistemática a gobiernos de la región. El impacto del escándalo afectó a países como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. También a Guatemala. Para gestionar sus actividades ilícitas, los gerentes habían creado en 2006 la División de Operaciones Estructuradas.

El examen del libro se basa en diferentes teorías. El dilema del agente y el principal, la búsqueda de privilegios y la captura regulatoria.

El enfoque del public choice permite visualizar mejor cómo las estructuras de poder facilitan el abuso de recursos públicos sin una efectiva rendición de cuentas. Facilita la comprensión de cómo los actores políticos buscan privilegios y utilizan la regulación para consolidar ventajas a su favor.

Se subraya la importancia de los hallazgos relativos a la relación entre economía política y corrupción en el caso específico de Latinoamérica. Así, por ejemplo, se señala que el crecimiento económico basado en la explotación de recursos naturales no contribuye necesariamente a un mejor control de la corrupción. La realidad refleja, con frecuencia, lo contrario. Ese estado de cosas refuerza prácticas poco transparentes. Por lo demás, consolida esquemas extractivos en lugar de llevar a modelos institucionales más productivos. Otra observación es que la informalidad no tiene un impacto directo en la capacidad de los países para controlar la corrupción. Tan normalizada está, que la informalidad no representa una válvula de escape, como sucede en otras economías.

El libro defiende una agenda democrática sólida de libertades civiles. Es la estrategia más efectiva para controlar este defecto en países con altos niveles de corrupción y bajos ingresos. Solo así se conseguirá reducir el impacto económico del problema. Esto debe ir de la mano del fortalecimiento institucional y los mecanismos de rendición de cuentas.

El efecto empobrecedor viene dado por la desviación de recursos que deberían destinarse al desarrollo e inversión social. La corrupción no solo merma la eficiencia del gasto público. Impone barreras artificiales al crecimiento. Privilegia a ciertos sectores sobre otros mediante regulaciones y permisos diseñados para beneficiar a grupos concretos.

Más que problema ético, la corrupción es un fenómeno estructural. El libro contribuye al debate público sobre la misma en Centroamérica. Combina la perspectiva del public choice con herramientas econométricas.

Como asegura el presidente Bernardo Arévalo, la corrupción en Guatemala es “el alimento de la miseria”. Nada que añadir a esta afirmación para resaltar la trascendencia de la presente obra.

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El precio del huevo en EE. UU. en los últimos meses llegó a niveles históricos, afectando tanto a consumidores como a productores. Esta situación ha generado una serie de respuestas poco convencionales en el mercado: desde restricciones en la compra hasta el alquiler de gallinas.

En perspectiva. El brote de gripe aviar ha afectado granjas en varios estados, con pérdidas de más de 50M de aves, según el Departamento de Agricultura. Esto ha reducido la oferta y elevado los precios.

• El sacrificio preventivo de gallinas infectadas ha reducido la producción. El resultado: estantes vacíos en supermercados. “La producción de huevos bajó un 35 % respecto al año anterior”, comenta en Connecticut John Doe, analista avícola.

• En enero, el precio promedio de una docena fue de USD 4.95, un 55 % más que el año anterior. Este aumento incluye un 15 % solo en enero, el mayor salto mensual desde 2015.

• Este fenómeno ha exacerbado la inflación general, que ya se encuentra en su punto más alto desde agosto de 2023. El panorama económico estadounidense se ha complicado aun más.

En el radar. Los precios han variado considerablemente de un estado a otro. Es un reflejo de las diferencias en la disponibilidad local, costos de transporte y medidas estatales específicas.

• California sobresale por tener algunos de los precios más altos, con un promedio de hasta USD 8.97 por docena.

• En otras áreas de alta demanda como Nueva York y Washington D.C., los precios han superado con frecuencia USD 7.

• La oscilación ha llevado a algunos consumidores a cruzar fronteras estatales. En Boston, Michael Brown explica que se traslada allí para comprar huevos. “Son mucho más baratos que en Nueva York”.

Qué destacar. Ante la escasez y los precios récord, algunos compradores han encontrado una solución inusual: alquilar gallinas para garantizar su propio suministro. El servicio incluye un gallinero portátil con dos o cuatro aves.

• “Alquilar gallinas ha permitido a nuestros clientes asegurar un suministro constante de huevos frescos mientras educamos sobre prácticas sostenibles”, afirma Laura Green, propietaria de una granja que alquila gallinas en Connecticut.

• Además del ahorro, impulsa esta opción la seguridad alimentaria. La incertidumbre en supermercados, sobre todo en zonas urbanas, motiva esta práctica.

• Debido a la logística y el espacio necesario para criar aves, esta opción no es accesible para todos.

Visto y no visto.  Algunos consumidores han recurrido a comprar en grandes cantidades para revenderlos a precios inflados. Fenómeno viral en redes sociales con videos de compras masivas.

• Algunas cadenas de supermercados han implementado medidas de control en la venta del producto.

• Costco y Trader Joe’s han restringido la cantidad que cada persona puede comprar. Las limitaciones van desde un cartón de una docena hasta un máximo de tres por cliente.

• La falta de suministro también ha afectado a la gastronomía. Panaderías, cadenas y restaurantes han subido precios o reducido su producción.

Entre líneas. El aumento en el precio no solo afecta a los consumidores individuales. Ha repercutido en la inflación general de EE. UU.

• La Oficina de Estadísticas Laborales muestra que el alza ha impulsado el aumento de precios en los alimentos. En enero, la inflación subió 0.5 %, con los huevos como factor determinante.

• Algunos analistas esperaban recortes en las tasas para estimular la economía. Pero el alto costo de productos esenciales como este ha producido incertidumbre sobre la política monetaria futura.

• El encarecimiento afecta más a familias de bajos ingresos. Agrava la crisis del costo de vida, más allá de la oferta y la demanda.

Balance. Los precios seguirán altos en 2025 sin señales de estabilización. La gripe aviar, los cambios en la normativa de bienestar animal y la alta demanda elevan los costos. Según analistas esta volatilidad persistirá. Ante la incertidumbre, muchos seguirán optando por alquilar gallinas o comprar en mercados locales para ahorrar.

*Enviada especial 

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